Los dos hermanos dueños del horno de Gandia (Valencia) donde un empleado ilegal perdió un brazo en mayo de 2009 han reconocido los hechos durante la vista, celebrada en un juzgado de lo Penal de la localidad, y han aceptado cumplir la condena de 23 meses de cárcel con la que se han mostrado conformes las partes: once meses por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con lesiones por imprudencia grave y un año más de cárcel por la contratación ilegal.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, a ambos se les han leído los hechos durante la vista celebrada por el procedimiento de conformidad, han admitido los delitos y han reconocido su culpabilidad, por lo que el juzgado ha dictado sentencia 'in voce'. En este caso, la indemnización a la víctima ya fue abonada en su día por la aseguradora.

Tanto fiscal como acusación particular y popular se han mostrado conformes con una condena de 11 meses de cárcel con inhabilitación por el mismo tiempo para la profesión para cada uno de los dos acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con lesiones por imprudencia grave, más otro año de cárcel por la contratación ilegal, más cinco meses y 29 días de multa, con una cuota diaria de siete euros.

En su declaración en la fase de instrucción, los acusados defendieron que no tenían ninguna responsabilidad en lo sucedido porque las medidas de seguridad fueron manipuladas por los trabajadores, y aseveraron que se deshicieron del brazo del joven boliviano porque consideraron que era inservible, ya que estaba totalmente destrozado.

Así mismo, declararon que trasladaron al trabajador hasta el hospital para que fuera atendido, y que incluso uno de ellos tuvo que ser atendido por un shock emocional, algo que la víctima —de 33 años en el momento de los hechos— siempre ha negado y ha mantenido —también a lo largo del procedimiento— que es cierto que le llevaron al centro sanitario, pero que le abandonaron unos metros antes de llegar.

Los hechos se remontan a la madrugada del 28 de mayo de 2009, sobre las 00.15 horas. Ese día, el trabajador Franns Rilles, quien se hallaba en situación irregular en España, se encontraba trabajando, sin contrato de trabajo y sin estar dado de alta en la seguridad social, en las instalaciones de la mercantil Hornos Rovira Safor S.L, en la calle San Antonio, número 3, del polígono industrial de Real de Gandia.

El empleado estaba manipulando una máquina amasadora espiral, sin haber recibido ningún curso y ninguna formación de los riesgos que corría en su utilización, según se indica en la calificación fiscal. Además, la mercantil carecía del Plan de Riesgos Laborales de la actividad y los sistemas de seguridad estaban inoperativos, ya que la máquina funcionaba con la rejilla de seguridad levantada.

El hombre sufrió un accidente laboral al verter la levadura en el interior de la amasadora con la rejilla retirada, lo que le ocasionó la amputación traumática del miembro superior izquierdo por encima del codo. Precisó 140 días de curación.

Los acusados se pusieron en contacto con el trabajador lesionado para que trabajara para ellos. Llevaba en el horno desde el mes de octubre de 2007 y no disponía de un contrato laboral ni estaba dado de alto en la seguridad social, al igual que otros de sus compañeros, también extranjeros. En total, entre 2006 y 2009 hubo entre cuatro y ocho empleados irregulares, que trabajaban más de ocho horas diarias y percibían por ello una cantidad de dinero de aproximadamente 700 euros mensuales, según recoge el escrito fiscal.

No tenía dispositivo de seguridad

Los acusados se encargaban entonces de la contratación de personal, de realizar los pagos mensuales a los trabajadores, de ordenar los trabajos, así como de las funciones propias de dirección a los empleados. También eran conscientes de que la máquina amasadora en la que se registró el accidente no tenía operativo el dispositivo de seguridad de la apertura de la alimentación.

Este dispositivo —ausente— consistía en un resguardo móvil o rejilla que impedía el acceso a su interior cuando estaba en marcha el tornillo giratorio que tenía como misión el amasado de la levadura y provocaba el enclavamiento o parada de seguridad de la máquina cuando dicho dispositivo de seguridad se retiraba.

Tras el accidente, Inspección de Trabajo de Valencia levantó actas por falta muy grave, por falta de las medidas de seguridad, contra la mercantil 'Hoyos Rovira Safor S.L', y efectuó un recargo de las prestaciones de la seguridad social en un 50 por ciento a favor del empleado lesionado.

Por su parte, el INSS, en su resolución de fecha de 25 de enero de 2010, estableció entre otros motivos que el accidente sufrido por el trabajador dio lugar a una incapacidad temporal, percibiendo una prestación económica de carácter mensual desde el día 28 de mayo de 2009 hasta el día 14 de octubre del mismo ejercicio, en la que se declaró la incapacidad permanente total para su profesión habitual.