El Gobierno ha dado el visto bueno este viernes a la reforma eléctrica que, en teoría, da más poder a los consumidores para elegir tarifas y pagar en función de sus expectativas. El nuevo sistema entrará en vigor el próximo 1 de abril y, según ha explicado el ministro de industria, José Manuel Soria, permitirá a los usuarios pagar solamente el precio del mercado y supondrá "un claro ahorro para todos los consumidores".

Soria también ha afirmado que este nuevo sistema fomentará la competencia y otorgará al usuario más capacidad de elección, ya que ofrecerá diferentes modalidades de tarifa.

El real decreto aprobado este viernes fija el nuevo mecanismo para determinar el precio de la energía en la tarifa eléctrica regulada, un componente que supone alrededor de la mitad del recibo de la luz de unos 16 millones de consumidores, los usuarios de la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), que desde enero ha pasado a llamarse Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

El modelo vincula el componente energético directamente al mercado mayorista. Es decir, los consumidores pagarán la electricidad consumida a un precio medio del mercado en el periodo de facturación. Aquellos que dispongan de contador con discriminación horaria, pagarán cada hora de consumo al precio exacto que haya tenido el mercado en ese momento.

A partir del 1 de abril, el precio de la energía saldrá de una subasta trimestral a calcularse en base a la media del mercado mayorista eléctrico (o pool) durante el periodo de facturación (mensual o bimestral). Los usuarios que dispongan de contador inteligente con discriminación horaria, pagarán en función del consumo en cada momento y el precio del kilovatio en ese instante según su cotización en el pool.

Unos 7 millones de usuarios, el 30% del total, tienen instalado un contador inteligente, aunque por ahora no están conectados para el nuevo sistema. El plazo para que se cambien todos los contadores por estos nuevos es 2018.

Dependerá de la evolución del mercado mayorista en el periodo de facturación de cada cliente.  El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que el nuevo modelo se traducirá en un ahorro medio de la factura del 3% al año y de un 10% del precio de la energía.

Las eléctricas tendrán tres meses de adaptación para empezar a facturar en base al nuevo sistema, por lo que cada consumidor lo empezará a notar en función de cuando su eléctrica comience a facturar con el nuevo mecanismo.

Los consumidores pueden optar por salir de la tarifa regulada y acudir al mercado libre. Las comercializadoras ofrecen distintas opciones y a partir de ahora estarán obligadas a incorporar un modalidad anual de tarifa, con un precio estable para todo un año. Los consumidores que elijan esta opción saldrán de la tarifa pero siempre tienen la opción de volver al precio regulado.

Industria habilitará una herramienta, a través de su web y de la de la CNMC, en la que cada consumidor introduciendo sus datos (potencia, periodo de facturación y consumo) podrá comprobar si su recibo es correcto y adecuado a los precios mayoristas del periodo.

La nueva oferta anual obligatoria de electricidad que deberán presentar las comercializadoras tendrá una penalización en caso de que el consumidor desee rescindirla de forma anticipada, cosa que no ocurrirá con el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), en el que el usuario podrá cambiar de comercializadora sin coste alguno.

Esta novedad aparece en el real decreto 216/2014, publicado este sábado en el BOE y con el que se establece el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad para los consumidores domésticos. La norma indica que, en caso de que el consumidor rescindiera de forma unilateral el contrato con el precio fijo anual antes de su finalización, sufrirá penalizaciones máximas equivalentes al 5% del precio de la energía pendiente de suministro.

El precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que sustituye a la antigua tarifa de último recurso, es la única tarifa eléctrica que determina el Gobierno, al margen del bono social diseñado para familias con especiales dificultades económicas. A esta tarifa están acogidos unos 16 millones de consumidores con una potencia contratada de menos de 10 kilovatios.

El PVPC se forma mediante la conjunción de tres componentes: el energético, con el que se paga la generación de energía y que se fija con criterios de mercado; los peajes de acceso, que determina el Gobierno para retribuir las actividades reguladas (transporte, distribución, primas renovables, pagos por capacidad o costes extrapeninsulares, entre otros), y los impuestos. En una factura de 50 euros, se pagan 20,6 euros de peajes, 18,7 euros de energía y 10,7 euros de impuestos.

El bono social, al que pueden acogerse determinados colectivos de consumidores más vulnerables ofrecerá, a partir de ahora, un descuento del 25% sobre la nueva tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Es decir, a cada consumidor acogido al bono social se le aplicará un descuento del 25% sobre la cifra de cada una de sus facturas por lo que pasa de ser una tarifa fija a una variable, como el resto de los consumidores, en función de la evolución del mercado.

Sin embargo, y de acuerdo con el Real Decreto 216/2014 publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por orden del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dicho porcentaje podrá verse modificado.

Además, para cada categoría de consumo se aplicarán los impuestos correspondientes. Hasta ahora, el bono social era una tarifa congelada desde 2009.

Desde el 1 de febrero está en vigor la revisión de la tarifa de acceso, que significó una subida del 18% del coste de la potencia contratada. Al pasarse de una parte fija de la factura, este aumento de los precios afecta los usuarios de bajo consumo, segundas residencias y viviendas vacías.

Esta subida en los peajes, que se ha doblado en los últimos 6 meses, viene acompañada de una bajada del 6,9% del Término de Energía (la parte variable de la factura) para aquellos que no tengan discriminación horaria. Esto supone una bajada del precio del kW consumido, beneficiando a las grandes potencias y consumos, al compensarles la subida del término fijo con la bajada de la electricidad consumida.

Es decir, cuanto más se consume, menos se paga. Las asociaciones de consumidores afirman que esta medida penaliza a las primeras viviendas con una potencia elevada, pero sobre todo perjudica a aquellos que intentan consumir poco por problemas económicos, además de desincentivar el ahorro energético.

La anterior fórmula se fijaba mediante subastas trimestrales, las denominadas Cesur. En estas pujas se establecía un precio de la electricidad para todo el trimestre, protegido por contratos de cobertura financiera, con el objetivo de evitar a los consumidores posibles volatilidades del mercado.

Según los cálculos de Industria, los consumidores han pagado anualmente 300 millones de euros de más en el coste de la energía a los agentes que ofrecen estas coberturas financieras, medido entre el precio medio del mercado y el efectivamente pagado. Esto supone un sobrecoste de 1.160 millones de euros para los consumidores en los cuatro años de vigencia del modelo de subasta Cesur.