UPyD-Aragón ha exigido este jueves al Gobierno aragonés que cumpla las sentencias en materia de empleo público, con motivo del debate en el pleno de las Cortes de la convalidación del Decreto-Ley 1/2014 en relación a dos decisiones judiciales sobre esta cuestión.

La primera fue dictada por el Tribunal Supremo (TS), que anuló el Decreto de Oferta por omitir todas las plazas cubiertas por funcionarios interinos. La segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), anuló el Decreto de Oferta de Empleo Público para 2011 aprobado por el Gobierno aragonés, requiriéndole que en el plazo de seis meses aprobase los decretos complementarios a las Ofertas de Empleo Público del 2007 y 2011, incluyendo todas las plazas vacantes y cubiertas por funcionarios interinos.

El coordinador territorial de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, ha manifestado su disconformidad por la utilización de esta fórmula normativa ya que, según ha indicado, "la Oferta de Empleo Público es materia de reglamento, no de Ley, además de no tratarse de un asunto de urgente y extraordinaria necesidad, por lo que es un recurso mal utilizado".

Por ello, UPyD ha exigido el cumplimiento de las sentencias judiciales "tal y como se reconoce en el artículo 118 de nuestra Constitución". El portavoz territorial del partido ha expresado que están en contra de la convalidación de este Decreto-Ley por considerar que con este texto "tratan de blindar el incumplimiento de las mencionadas sentencias".

El parlamento aragonés ha convalidado este jueves, en sesión plenaria, el Decreto-Ley que propiciará la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir 2.783 plazas de funcionario público.

Aunque el Gobierno dispone de tres años para desarrollar las pruebas, los acuerdos para fijar las medidas de las convocatorias son "inminentes", ha detallado en el pleno el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, quien ha defendido la iniciativa legislativa. Los grupos de PP y PAR han votado favorablemente y en contra lo han hecho PSOE, CHA e IU.