El Juzgado de lo social número 2 de Valladolid ha condenado al Sacyl al abono de 3.979 Euros a los padres de un menor por el tratamiento de rehabilitación suministrado en el Centro Benito Menni, atención que anteriormente denegó, según han informado a Europa Press fuentes de El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han tramitado el caso.

El menor fue diagnosticado en 2007, cuando tenía cuatro años, de un tumor en hipocampo derecho con motivo del estudio de crisis epilécticas parciales que sufría y que no se controlaba con la medicación instaurada, por lo que fue derivado al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, con el fin de someterlo a una intervención quirúrgica.

Como consecuencia de la inducción anestésica en la intervención sufrió una bradicardia y posterior parada cardiaca cuya consecuencia, fue una encefalopatía difusa de predominio frontal y un síndrome confusional agudo.

El tratamiento prescrito por los médicos asistenciales al alta hospitalaria el día 7 de febrero de 2012 fue rehabilitación neuropsicológica y del lenguaje. Así, al regresar a su domicilio en Valladolid, con fecha 13 de febrero de 2012, la familia acudió al Centro Benito Menni para iniciar el tratamiento cuanto antes, tal y como les habían aconsejado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, han explicado las mismas fuentes.

El tratamiento era "necesario y urgente" según los médicos que atendían al menor y que confirmó el pediatra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, quien a su vez recomendaba que se llevara a cabo el tratamiento en el centro más adecuado para dicho fin.

De esta forma, la familia solicitó la derivación de Sacyl, pero éste denegó la canalización al Centro Benito Menni alegando disponer en la cartera de servicios del área sanitaria el tratamiento que se estaba dispensando al niño, y disponía que en otro caso, podía acudir al Instituto Guttman ubicado en la provincia de Barcelona.

Tanto los médicos asistenciales que valoraban al niño en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, como los que lo tenían a su cargo en el Clínico de Valladolid, recomendaron que el tratamiento se llevara a cabo "en su entorno familiar y educativo".

único centro en cyl

Se insistió en que el único centro que podía realizar ese tipo de tratamiento en toda la Comunidad Autónoma era el centro Benito Menni y que en el caso de otros pacientes con las mismas necesidades así se llevaba a cabo. A pesar de ello, Sacyl no rectificó la negativa.

Finalmente, el 17 de mayo de 2013 Sacyl finalmente autorizó la asistencia que había sido recomendada por sus propios médicos asistenciales y en la actualidad dicha orden de asistencia se renueva cada tres meses, pero hasta ese momento los padres se vieron obligados a sufragar ellos mismos el tratamiento por importe de 3.979 euros, cantidad que el Juzgado de lo Social obliga a reintegrar.

"La sentencia se hace eco de lo absurdo de derivar al menor a Barcelona, que hubiera ocasionado gastos extraordinarios mucho mayores que la asistencia en el Benito Menni", explica la Asociación, dado que se incluiría no sólo el tratamiento sino el traslado del paciente, de sus padres, así como la estancia, coste mucho mayor para el Sacyl que el que ocasiona el tratamiento dispensado en el Centro Benito Menni.

La presidente de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha incidido en que ya hay varias sentencias que obligan a Sacyl a reintegrar el dinero que han tenido que adelantar las familias para el tratamiento de sus hijos tras su denegación "sin ninguna justificación médica, si no más bien por las dificultades presupuestarias de la Administración".

En este sentido, ha añadido que éste es un caso más de cómo Sacyl pretende "solucionar" sus problemas presupuestarios "a costa de los pacientes gravemente enfermos que necesitan tratamientos especializados con carácter urgente y vital".

Por otra parte, el abogado de la Asociación que ha llevado el caso, Santiago Díez, ha señalado que en la actualidad están pendientes otros procesos judiciales iniciados por los padres de menores enfermos que se encuentran en la misma situación que esta familia, aunque muchos otros se "quedan en el camino" dado que no pueden afrontar el tratamiento que necesitan sus hijos.

"Sacyl está haciendo caso omiso a las reclamaciones administrativas, obligando a las familias a iniciar acciones judiciales en defensa de sus intereses", ha asegurado.