El juicio a los 17 guardias civiles del aeropuerto de Málaga, acusados de haber obtenido dinero de pasajeros para dejarles pasar ciertas pertenencias, ha quedado este martes pendiente del veredicto que tendrá que emitir el jurado popular, una vez que ya se han elaborado y entregado las preguntas —objeto del veredicto— que tendrán que responder para realizar su dictamen.

El juicio comenzó el pasado 13 de enero. La Fiscalía ha mantenido la acusación contra los 17 agentes y el ciudadano chino, considerando que a lo largo del proceso se han constatado pruebas que lo corroboran, como las declaraciones de testigos y, sobre todo, las imágenes de una cámara de seguridad instalada sobre una cinta de equipajes y la ubicada de forma oculta en una oficina.

De esta forma, acusa a los guardias civiles de un delito de cohecho, en seis casos con carácter continuado, solicitando penas de suspensión para empleo o cargo público por tres o por tres años y nueve meses, además de multa, respectivamente; mientras que en dos casos solicita penas de inhabilitación especial, en lugar de suspensión.

La investigación del caso comenzó cuando la Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo, a finales de 2005, que algunos de los componentes del cuerpo, destinados en la sección fiscal del aeropuerto, supuestamente pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias que portaran en sus equipajes, según el escrito del fiscal.

En esta línea, el ministerio público señala que los investigadores tuvieron conocimiento de que, incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol, se advertía a sus familiares de que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas. En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos.

Tras esto, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero. En el escrito del fiscal, se detallan 12 hechos ocurridos entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006, momentos en los que supuestamente los agentes obtuvieron dinero.

Según esta acusación, presuntamente, los agentes "obtuvieron" dinero u objetos a cambio de dejar pasar alimentos para los que no había una prohibición expresa por ley o, por contra, comida que no podía ser importada, así como ropa, dinero o, incluso, un ordenador, para lo que hacían pasar a los viajeros a una oficina donde hablaban con ellos, según las imágenes grabadas.

Para la representante del ministerio público, hubo una "corrupción bochornosa que se había extendido como la espuma en el aeropuerto"; mientras que los acusados negaron los hechos y solo algunos se reconocieron en las grabaciones de las cámaras, aunque alegaron que el dinero que supuestamente estaban manejando en esas imágenes era de una peña de quinielas y no de sobornos a viajeros.