La secretaria general de UPTA-A, Inéz Mazuela, ha señalado este martes la brecha digital entre autónomos y el resto de empresarios, que se "constata" con la nueva Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, en inglés).

En una nota, ha apuntado que "con la obligación de presentación telemática de los impuestos que se ha implantado este mes, se ha constatado la brecha digital entre los autónomos y el resto de las empresas y es bien conocida por parte de todas las administraciones públicas, y en todos los informes europeos se insiste que este es un colectivo prioritario en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación".

Así, ha recordado "que la Defensora del Pueblo ha reclamado a la Agencia Tributaria que reconsidere esta decisión y que se puedan por el momento seguir presentando las declaraciones informativas con soporte papel, al menos hasta que el nivel de informatización del colectivo no sea suficiente", en la misma línea que la moratoria que afecta al SEPA.

Según ha explicado, la implantación del SEPA en la zona euro, prevista para el pasado 1 de febrero aunque aplazada hasta el mes de agosto, hará que "desaparezcan los instrumentos de pago de cada país", para que sólo puedan utilizarse tres herramientas comunes: las transferencias Sepa, los adeudos directos y los pagos con tarjeta.

El motivo de este aplazamiento, según ha indicado, ha sido "evitar un posible colapso financiero", que ha hecho que el comisario europeo del Mercado Interior, Michael Barnier, emitiese un comunicado que se trata de "una medida de prudencia para evitar el riesgo de una perturbación en el sistema de pagos y sus potenciales consecuencias para los consumidores y para las pymes" y especialmente para los autónomos.

Mazuela ha explicado que adaptarse al SEPA requiere ajustar los ficheros de intercambios bancarios a las nuevas normas estándares. Los empresarios tendrán la responsabilidad de guardar las autorizaciones de los clientes para poder domiciliar adeudos a través de un mandato único normalizado. Deberán revisar y adecuar al nuevo sistema documentos comerciales como facturas, talones o contratos, así como informar a los proveedores de los códigos BIC e Iban de las cuentas utilizadas para sus operaciones.

La principal consecuencia práctica, a su juicio, es la que afecta a la identificación de las cuentas bancarias. Así, el llamado código CCC (Código de Cuenta Cliente) ha sido sustituido por el Iban (Código Internacional de Cuenta Bancaria), compuesto por el código del país (ES), dos dígitos de control y los 20 dígitos del actual número de cuenta, que habrá de facilitarse a la hora de pagar o cobrar mediante transferencia o cuando un cliente domicilie algún pago. Para los que ya están domiciliados, serán los emisores los encargados de calcular los Iban a partir del CCC.

Por su parte, las transferencias tendrán que realizarse en un plazo máximo de un día hábil, y no contarán con límite de importe. Además, sus gastos estarán compartidos —algo que ya se aplica en España—, lo que implica que quien emita la transferencia tendrá que pagar los gastos que pudiera cobrarle su entidad, y quien la recibe, los de la suya.

Los adeudos directos (hasta ahora, recibos domiciliados) permiten hacer un cobro en la cuenta de un deudor. Para este tipo de operaciones existen nuevas normas y plazos para que el consumidor devuelva un cargo y para los pagos con tarjeta, todas tendrán que incorporar un chip y para cobrar, los usuarios deberán autorizar los pagos, introduciendo siempre un código PIN, como ocurre ya con la mayoría de tarjetas y pagos que tienen que realizar.