El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes la implantación de un impuesto sobre la contaninación ambiental de los aviones, otro para la energía termonuclear y otro para la emisión de gases, que afectará básicamente a la industria petroquímica, la pepelera y la cementera.

Con esta nueva tanda de impuesto, el portavoz del Executiu catalán, Frances Homs, ha asegurado que esperan recaudar 50 millones de euros al año y ha asegurado que se fijará por ley que ni las compañías aéreas ni las industrias afectadas trasladen al precio final que pagará el consumidor el importe de los nuevos tributos. Espera que entren en vigor "a mediados de este 2014", previa aprobación por el Parlament de Cataluña.

En el caso del impuesto para los aviones, Homs ha admitido que se aplicará básicamente en el Aeropuerto de Barcelona, que es el que reúne los requisitos fijados en la normativa sobre contaminación ambiental. Homs ha puesto de ejemplo que a una companía que paga 98 millones de euros al año en tasas aeroportuarias a Aena, el nuevo impuesto le puede suponer un millón de euros, por lo que descarta que repercuta en el precio de los billetes.

El impuesto ambiental catalán a la aviación comercial se aplicará sólo en el aeropuerto del Prat, según los requisitos que marca el anteproyecto de ley que ha aprobado el Govern. La recaudación se reinvertirá en acciones para mejorar el entorno.

El Gobierno calcula que, si la ley supera el trámite parlamentario, entre en vigor el abril del 2014, cuando empezará el periodo impositivo para las nucleares e industrias que emiten gases --sin tener en cuenta el CO2-- y partículas; el impuesto sobre aviación se contabiliza en el momento de cada despegue.

Según el texto, el impuesto a la aviación comercial se aplicará sólo a los aeródromos que pertenezcan a municipios declarados zona de protección especial del ambiente atmosférico, lo que actualmente significa El Prat y Sabadell, pero el aeródromo del Vallès no es de aviación comercial, sino general (con avionetas) y de formación.

El nuevo tributo afecta a las operaciones de aterrizaje, rodaje y despegue y para determinarlo influyen varias fórmulas de cálculo, con un tipo impositivo general de 3 euros por kilo de óxido de nitrógeno (NOx) y un reducido de 1,5 euros por kilo de NOx; la base imponible computa un máximo de 20.000 vuelos por empresa contribuyente.

La Generalitat calcula que recaudará unos 3,8 millones anuales, a partir de 2015, puesto que este tributo es exigible a partir del 1 de enero del año siguiente a cada año natural.