Dos funcionarios del Servicio de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Madrid, acusados de cohecho y falsedad documental, han aceptado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid una pena de tres años de prisión por facilitar papeles a 156 inmigrantes a cambio de dinero.

La Fiscalía ha rebajado de doce a tres años de cárcel su petición de pena para los dos empleados públicos, al apreciar la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El Ministerio fiscal ha pedido además para los dos funcionarios cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multas por un importe de 27.500 euros.

Otros cuatro extranjeros acusados en esta causa han aceptado penas de un año y medio de prisión y multas que oscilan entre 3.000 y 6.000 euros, según su grado de implicación en los hechos.

Una letrada procesada en el caso ha mostrado su conformidad con la petición fiscal de un año y seis meses de cárcel y multas de 3.900 euros.

Entre los siete acusados, además de los dos funcionarios, se encuentran una ciudadana venezolana y un ciudadano colombiano, que ponían en contacto a los empleados públicos con extranjeros interesados en conseguir su regularización de forma fraudulenta o acelerar la tramitación de sus expedientes.

Según el relato de la Fiscalía, los procesados se habían concertado para conceder a cambio de dinero solicitudes correspondientes al proceso de normalización de ciudadanos extranjeros, que previamente habían sido denegadas o inadmitidas.

Los dos funcionarios -una mujer y un hombre-  se concertaron para llevar a cabo, desde el mes de abril de 2005 y hasta el mes de mayo de 2006, la manipulación informática de la base de datos de extranjería (Adexttra), precisa el ministerio fiscal.

Para ello, emplearon las claves de usuario, acceso y contraseñas pertenecientes al jefe de servicio o a trabajadores contratados temporalmente que ya no ocupaban sus plazas o que se encontraban destinados en otras plazas en el momento de los hechos.

Los dos principales procesados obtenían una contraprestación económica por parte del ciudadano extranjero por la obtención de una resolución favorable de su expediente o bien por el adelanto de la tramitación.

A través de una asociación de extranjeros, se cobraban 4.000 euros por la tramitación completa de un expediente.

Durante la investigación de este caso se detectaron 156 expedientes fraudulentos en la base de datos de Extranjería, que habían manipulado los funcionarios acusados, pasando de inadmitidos o denegados a concedidos.