El Tribunal Supremo ha ampliado al 24 de marzo el plazo relativo a los recursos contra la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga en el caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, en la que fueron condenadas 51 personas, entre ellas el principal acusado y considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

La ampliación del plazo para presentar los recursos, una vez éstos fueron anunciados en la Sala de Málaga, se acuerda tras pedirlo algunas partes y debido al volumen y a la complejidad del procedimiento, según han informado fuentes judiciales, algo que no es excepcional en macrocausas como ésta, en la que tan sólo la sentencia a recurrir tiene más de 5.700 folios.

Así, según una diligencia de ordenación de la Sala Segunda del Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, habría 54 recurrentes, entre ellos varias empresas, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y la Administración del Estado; aunque por el momento constan personados 20. Asimismo, en la resolución se precisa que constan por el momento nueve personados en calidad de recurridos.

El Tribunal del caso 'Malaya' emplazó el pasado mes de enero a las partes a que presentaran los recursos de casación contra la sentencia dictada en esta causa en octubre del pasado año. Así, la Sala instaba a las acusaciones y a las defensas, que en su día ya anunciaron su intención de recurrir la resolución, a personarse ante el Tribunal Supremo.

La mayoría de los condenados en este caso anunció recurso. Así, en un auto de la Sala de Málaga se enumeraban todos los procesados y las acusaciones que informaron de su intención de presentar recurso y se detallaban los motivos alegados inicialmente contra la sentencia, acordando remitir esos escritos al Alto Tribunal, órgano encargado de resolverlos.

Los argumentos esgrimidos en esos anuncios de recurso por las defensas de los acusados fueron, en su mayoría, vulneración de derechos, como el de la presunción de inocencia, y quebrantamiento de forma. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, se alega, por el momento, que la sentencia incurre en infracción de ley e infracción de precepto constitucional.

Entre los acusados que anunciaron su intención de recurrir estaba Roca, fue condenado a 11 años de prisión y multa de 240 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho pasivo, fraude y prevaricación. Los motivos del anuncio de recurso fueron infracción de ley y de precepto constitucional, así como quebrantamiento de forma.