La Infanta Cristina declarará este sábado, a partir de las 10.00 horas, más de dos años después de que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso Nóos, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa de Palma es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

Pese a que las pesquisas dieron sus primeros pasos a principios de 2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. El hecho de que la hija del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.

Sin embargo, durante la comparecencia, que previsiblemente se alargará hasta el mediodía, la Infanta defenderá su actuación al frente de ambas entidades, y previsiblemente lo hará respondiendo únicamente a las preguntas que le formulen el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, la Fiscalía Anticorrupción y sus propios abogados, tal y como señalaron a Europa Press fuentes cercanas a su defensa.

La hija del Rey pondrá de manifiesto la plena confianza que tenía depositada en su esposo y que desconocía cualquier circunstancia relativa a una presunta trama de defraudación de fondos públicos a través del conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y Torres. Así, la Duquesa será interpelada principalmente en torno a los ingresos que Aizoon obtuvo de forma presuntamente ilícita y a las cantidades que habría defraudado a Hacienda, con el objetivo de arrojar luz en torno a hasta qué punto era conocedora de las mismas o las auspiciaba.

En este contexto, tras ocho meses de investigaciones en torno a la presunta defraudación llevada a cabo a través de Aizoon, la disparidad de criterios entre el juez Castro y el fiscal anticorrupción encargado de la causa, Pedro Horrach, marcará el interrogatorio de la encausada. Donde uno ve cómo los Duques de Palma crearon esta empresa con el único propósito de defraudar, el otro considera irrelevantes a efectos penales los indicios acumulados durante este tiempo.

Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y situado en el puesto 216 del escalafón de la carrera judicial por razones de antigüedad, dio un nuevo paso en el marco del caso Nóos al imputar por segunda vez, el pasado mes de enero, a la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía. Sin embargo, Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 8 de septiembre de 1966), no comparte las tesis que sostiene el magistrado para justificar el encausamiento de Cristina de Borbón.

De hecho, uno de los puntos en los que divergen juez y fiscal se encuentra en la interpretación que cada uno hace del reparto fiscalmente opaco de dividendos que llevó a cabo Aizoon y el hecho de que los Duques dispusieran directamente de los fondos de la empresa para atender gastos estrictamente personales.

Según Castro, esta circunstancia genera un doble efecto fiscal defraudatorio: por una parte, el que el matrimonio no tuviera que tributar estos gastos en el IRPF -"no lo hicieron nunca, con lo que consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda Pública- y, por otra, la minoración de la base imponible del impuesto de sociedades, al no computarse como reparto de beneficios de la empresa, contabilizando las cantidades como gastos de explotación de la propia mercantil.

Sin embargo, a juicio del fiscal, el hecho de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva, por lo que concluir que los Duques defraudaron doblemente al fisco "es radicalmente errónea" y, en todo caso, "penalmente irrelevante".

Debate en torno a tres facturas de 69.990 EUROS

En esta línea, se alza el debate en torno a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a la empresa Intuit, una de las sociedades instrumentales de Torres, a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a la infanta puesto que esta salida de fondos no habría sido declarada en el impuesto de sociedades.

De hecho, en el auto por el que Castro citó como imputada a la Duquesa, el juez recoge las afirmaciones efectuadas por la propia Agencia Tributaria en el sentido de que tanto Intuit como Aizoon carecían de la estructura empresarial necesaria para poder acometer y ejecutar los trabajos que constan como concepto en las facturas -servicios de asesoramiento y consultoría-, formaban una única empresa sometida a unidad de decisión y eran "instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos".

Frente a ello, la consideración de Horrach pasa por aseverar que las tres facturas, de 2007 y las últimas que se cruzan entre Aizoon e Intuit, suponen un ajuste en el reparto de beneficios que llevaron a cabo Urdangarin y Torres cuando el Duque decidió separarse del Instituto Nóos. Para el fiscal, resulta incongruente que fuese imputada la Infanta, "ajena" a la administración de la sociedad, por presuntamente conocer cómo y de qué forma tenían legalmente que tributar los rendimientos de Aizoon.

Investigación de todas las cuentas e inmuebles de la infanta

A lo largo de ocho meses se ha llevado a cabo una intensa investigación que ha conllevado el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. Sin embargo, hasta el momento la AEAT ha desvinculado a la Infanta de presuntos fraudes a nivel fiscal y de blanqueo, lo que no ha evitado que el juez Castro quiera llegar al fondo del asunto con la nueva imputación de la hija del Rey.