El PSOE va a presentar la próxima semana en la Asamblea de Extremadura una propuesta de Ley de Emergencia Social de Vivienda para evitar los desahucios hipotecarios y para la que espera el apoyo de Izquierda Unida (IU) y los regionalistas de PREx-CREx con el objetivo de que pueda salir adelante en esta misma legislatura.

Las medidas que contempla el texto las ha dado a conocer este viernes en Cáceres el secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, quien ha recordado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Extremadura es la tercera región en las que más subieron los procedimientos de desahucios, ya que en 2012 se ejecutaron casi 1.000 órdenes, 669 en la provincia de Badajoz y 271 en la de Cáceres y, además, la tasa de pobreza está en torno al 34,1 por ciento, la mayor del país.

Para evitar estos desahucios la ley propone varias medidas como expropiar el usufructo de las viviendas durante un periodo máximo de tres años, y únicamente en aquellos supuestos en los que el procedimiento de desahucio se insta por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

Esto sería siempre atendiendo a circunstancias sobrevenidas y orientada a personas en especial situación de vulnerabilidad, una medida que, según ha explicado Vara tendría un coste económico cero pero "solucionaría un gran coste social".

Además se contempla conseguir mayores fondos destinados a esta política de vivienda con una nueva regulación de las fianzas ya que los rendimientos generados por los depósitos de las fianzas se han revelado como una importante fuente de financiación de las políticas de vivienda, y así los inquilinos tendrían la garantía de la devolución de la fianza.

Otra de las medias es la suspensión de desahucios de viviendas sociales cuya causa en origen sea el impago, por lo que los socialistas piden que los procedimientos administrativos de desahucio iniciados respecto de Viviendas de Promoción Pública de titularidad del Ejecutivo regional o de sus empresas queden en suspenso, en cualquiera de sus fases, incluida la ejecutiva, por un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de la Ley.

El texto contempla que queden exceptuados de esa suspensión los desahucios por otras causas como la falta de ocupación de la vivienda, conductas asociales basadas en la iniciación de diligencias penales por la comisión de algún tipo de delito contra la salud pública, o relacionados con la ilícita tenencia de armas.

Obligaciones para los bancos

En cuanto a obligaciones para los bancos o entidades financieras, el texto pretende movilizar su parque de viviendas, de forma que si las tienen desocupadas intentando especular con ellas sean sancionados. No obstante, la Ley sólo sancionaría a las entidades bancarias o sus filiales, no a las personas físicas con viviendas desocupadas, y la sanción podría llegar a alcanzar los 30.000 euros por vivienda en el caso de sanción grave, y de 150.000 euros en el caso de muy grave.

Según ha explicado Vara con esto "se evitaría" lo que le ha pasado a 300 familias interesadas en adquirir viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y que finalmente han sido vendidas a un fondo 'buitre'.

También se obligaría a los bancos "a cumplir con su responsabilidad social empresarial, que no lo están haciendo" porque "ha sido notorio que las actuaciones que han distorsionado al mercado inmobiliario y que han afectado de manera muy directa al precio de la vivienda, han nacido en el seno de las corporaciones, de las entidades y no en el mero patrimonio de las personas físicas", según recoge el texto de la Ley.

Según el líder de los socialistas extremeños esta iniciativa legislativa debe salir adelante por un "esfuerzo colectivo de sensibilización social" para que "el derecho a una vivienda digna sea una realidad" por lo que confía en que tanto el grupo parlamentario de IU como los regionalistas del PREx-CREx apoyen el texto.

Los supuestos de la norma han sido presentados en el Ateneo de Cáceres en un acto abierto a dirigentes socialistas y colectivos sociales que han colaborado en la elaboración del articulado.