El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el Decreto de Espectáculos Públicos Ocasionales y Extraordinarios, impulsado por el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez. Entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) en los próximos días.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Suárez ha puesto de relieve que el Consejo Consultivo de Aragón ha destacado en el informe que ha elaborado sobre el Decreto que el tratamiento jurídico de esta materia ha sido "exquisito" y que el Departamento ha dado audiencia "a todos los colectivos" implicados en el ámbito de los espectáculos extraordinarios. El informe del Consejo ha sido favorable y se pueden consultar en la web del Gobierno aragonés.

"Normalmente la tramitación de un Decreto suele ser de cuatro o cinco meses como máximo y este Decreto nos ha llevado siete u ocho meses" porque el Departamento sabía que "podía haber alguna crítica" y se ha hecho especial hincapié en los aspectos señalados.

El objetivo, ha proseguido diciendo el consejero, es "reforzar las medidas de seguridad para todos los ciudadanos" en espectáculos a los que suele ir "mucha gente", lo que requiere adoptar "especiales medidas de seguridad". Esto, a su vez, se debe compatibilizar con "el derecho de los organizadores de los espectáculos públicos extraordinarios" a promover estos eventos.

El Gobierno pretende que los organizadores "tengan muy claro" qué se les puede pedir "y qué no", e igualmente los ayuntamientos, sobre los que recae la responsabilidad de autorizarlos en la práctica totalidad de los casos, tendrán "muy claro" qué pueden exigir y qué no. Antonio Suárez ha apuntado que quien quiera organizar un espectáculo de este tipo debe presentar la documentación con una antelación mínima de un mes y la Administración Pública dispone de un 20 días hábiles desde que se presenta la solicitud.

"Hemos tenido especial cuidado" al elaborar el Decreto, ha comentado el titular de Interior, quien ha resaltado que el informe del Consejo Consultivo señala que las normas aprobadas "no van en contra" del empleo ni de la promoción de la cultura, respondiendo así a una de las alegaciones presentadas.

Ha puntualizado que si es un ayuntamiento o su comisión de festejos la que organiza el evento "no se va a autorizar a sí misma", es decir, que no se le aplicará el Decreto, lo que no quiere decir que no deba tramitar toda la documentación y cumplir todas las medidas de seguridad.

PREVENCIÓN

Mediante este Decreto, el Ejecutivo aragonés ha dispuesto varias medidas sobre el personal de admisión, el control automático de los accesos y las medidas de prevención y extinción de incendios.

Esta norma desarrolla la Ley de Espectáculos Públicos en Aragón y deja claro que en el 99,9 por ciento de los casos, según ha expuesto el consejero de Política Territorial e Interior, son los ayuntamientos los que darán la autorización o la denegarán, y en el resto de los casos será el Gobierno de la Comunidad Autónoma el que decida.

El Decreto recoge medidas para proteger a los menores, tomando como referencia la Ley de la Infancia y la Adolescencia. Así, los menores podrán acceder a los espectáculos públicos en los que se venda alcohol si van acompañados de sus padres o tutores y se permitirá el acceso de los menores solos, si se establece una zona sin alcohol, en la que podrán estar los menores y los adultos que lo consideren oportuno.

Con respecto a las fianzas, el texto definitivo contempla una rebaja sustancial con respecto al borrador que se conoció en el mes de junio. Así, se abonarán 1.000 euros para poder organizar espectáculos que se celebren en recintos con aforos de hasta 500 personas, de 2.000 euros para aforos de 501 a 1.000 participantes, de 3.000 euros a partir del millar de asistentes y 1.000 euros más por cada incremento de aforo de mil personas hasta un limite máximo de 18.000 euros.

El Consejo Consultivo ha señalado en su informe que "es un excelente ejemplo, desde el punto de vista formal, del camino que debe seguirse en la tramitación de proyectos normativos de naturaleza reglamentaria". Este órgano consultivo sólo introduce algunas matizaciones de orden técnico que no afectan a los aspectos fundamentales del Decreto, han apuntado desde el Gobierno de Aragón.