La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha trasladado a los sindicatos de función pública que esperará a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la supresión de la extra a funcionarios aplicada en 2012. Cuando el TC dé a conocer su postura, la Xunta "actuará en función de la resolución de esa sentencia", indica este departamento.

Muñoz ha mantenido este lunes una reunión con los sindicatos —CIG, UGT, CC.OO. y CSIF—, que le han pedido que ordene ya devolver a los empleados públicos la parte de la extra que ya se había devengado cuando entró en vigor la norma estatal que suprimió la paga de diciembre de 2012 (es decir, la correspondiente a los 15 días ya transcurridos de julio). Para ello, se han apoyado en varias sentencias que respaldan su postura, tanto en el caso de trabajadores laborales como funcionarios.

No hacerlo, ha advertido la representante de la CIG, María Carme López Santamariña, que ha actuado como portavoz, sería "una irresponsabilidad" de la Xunta y llevará a que se presenten numerosas demandas individuales. Tras el encuentro, la sindicalista ha criticado la postura de la Xunta, que "está a lo que manda el Gobierno de España", pese a que "tiene capacidad de organización y de gestión".

Por su parte, fuentes de Facenda han indicado a Europa Press que la conselleira explicó que "igual que el resto de las administraciones públicas", la Xunta "cumplió en todo momento una normativa básica del Estado", la ley 20/2012 que suprimió la paga de diciembre de 2012. La norma, agregan, sigue en vigor y, "por lo tanto, es de obligado cumplimiento".

En cualquier caso, se ha remitido a la decisión del Tribunal Constitucional, que analiza una cuestión presentada por la Audiencia Nacional sobre si es posible aplicar la norma de manera retroactiva. Así, Muñoz ha dicho que está pendiente de la resolución, que según ha indicado el Gobierno central, se conocerá "antes del mes de junio", han apuntado las mismas fuentes.

Cuando el TC aclare si las comunidades tienen que aplicar la norma con o sin retroactividad, Galicia "actuará en función de la resolución de esa sentencia", pero la Xunta "no puede ejecutar de forma unilateral sentencias que establecen la no retroactividad", puesto que "la Administración del Estado ha presentado en el Tribunal Supremo un recurso contra esta decisión", ha añadido Facenda.

"políticas de mal pagador"

Por su parte, los sindicatos han considerado que la Xunta aplica "políticas de mal pagador" y ha acusado al Gobierno gallego de "dilatar el tiempo y poner atrancos" para la devolución de esa parte de la paga.

En algunos casos, ha agregado López Santamariña, las sentencias son "de cumplimiento inmediato" y no admiten recurso. "Obligarnos a demandas de tipo individual es una irresponsabilidad total", ha afirmado y ha avanzado que habrá "acciones sindicales" que los diferentes representantes de los trabajadores coordinarán.

Asimismo, la sindicalista ha insistido en que las sentencias, en el caso de las que se refieren a funcionarios, imponen las costas a la Xunta y estas ascienden a 400 euros, mientras que lo que debería abonar la administración por la parte correspondiente de la extra "es la mitad".