El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha suscrito un acuerdo de colaboración, firmado también por el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Marco Aurelio Pérez, y el director gerente de Gestión y Planeamiento Territorial y Ambiental de Canarias S.A. (Gesplan), Rafael Castellano, por el que prestarán apoyo y asistencia técnica al municipio en la gestión y ejecución en materia de renovación urbanística.

Así, el Gobierno de Canarias prestará la asistencia al Ayuntamiento tanto directamente como a través de Gesplan, en la tramitación de las solicitudes que se formulen ante el Ayuntamiento sobre las actuaciones previstas en el Plan de Modernización y Mejora de San Bartolomé de Tirajana y a todos los proyectos que hagan referencia a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

De esta forma, ambas administraciones dispondrán, desde el mismo momento de la petición de las actuaciones por personas físicas o jurídicas, de toda la documentación al respecto y se coordinarán para solventar cualquier defecto o error, así como para requerir al promotor de la actuación a que complete la documentación presentada, según informó el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

También busca agilizar los trámites y facilitar el fomento de las actuaciones de renovación y rehabilitación, de tal forma que sólo en los casos de extrema complejidad se prevé que los informes del Gobierno regional se emitan en un plazo superior a los 20 días, informes que deberá solicitar el Ayuntamiento y versarán sobre cuestiones de legalidad y aspectos urbanísticos de la actuación pretendida.

Así la firma del convenio de colaboración entre Gobierno canario y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se centra en los principios de ventanilla única y cooperación interadmnistrativa como fórmulas para dinamizar y agilizar el proceso de recualificación de la oferta turística en el sur de Gran Canaria.

También se podrán unificar los criterios interpretativos de determinadas cuestiones, ya que la consulta y resolución podría dilatar "innecesariamente" el procedimiento administrativo para la ejecución de los proyectos.