Las familias han reanudado sus movilizaciones después de que la titular de la citada instancia judicial tomase recientemente declaración al único miembro de las familias que aún no había comparecido ante ella a cuenta del presunto delito de usurpación que pesa sobre todas estas personas. Tras haber tomado declaración a todos los imputados, la juez tiene vía libre para resolver la solicitud promovida por la propiedad de las viviendas para el desalojo del edificio.

Las familias, en ese sentido, señalan que el banco "se ha cerrado en banda" a reanudar las negociaciones, con lo que Antonia Rodríguez, una de las mujeres que integran el colectivo, se ha declarado en huelga de hambre ante la sucursal de Ibercaja ubicada en la calle San Fernando y varias de sus compañeras han viajado a Zaragoza para intentar celebrar una reunión con la directiva de la entidad, a la que proponen "un alquiler colectivo de todo el inmueble del que se haría cargo una cooperativa constituida por los propios vecinos y vecinas".

"Las viviendas del inmueble estarían en régimen de alquiler social mientras que los locales ubicados en los bajos del edificio servirían para poner en marcha una cooperativa de trabajo para los vecinos y un espacio social y cultural para el bario de la Macarena", dicen las familias.

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Corrala utopía'

Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales. Si bien la pasada primavera mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio; 'Ibercaja' a través de la sociedad limitada 'Residencial Murillo', el banco solicitó de nuevo el "desalojo forzoso" de las viviendas bajo la premisa de que las familias no se habrían atenido a los términos del pacto.

El citado principio de acuerdo implicaba la búsqueda de fórmulas para que las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad" fuesen realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" y voluntario de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias. Merced a este acuerdo, la propiedad del edificio había pedido al juzgado "que no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada", si bien como se ha señalado la petición de desalojo forzoso fue reactivada finalmente a cuenta del nuevo desacuerdo surgido entre las partes.

La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".