Si un habitante de Sierra Leona considera que ha sido víctima de un abuso o una injusticia y decide hacer valer sus derechos y reclamar o interponer una demanda, los juzgados al uso no son una opción —sólo existen las cortes de la capital, Freetown—. Aunque el reclamante pueda asumir el desplazamiento en un país sumamente pobre (ocupa el puesto 152º del mundo según el PIB), se encontrará con que sólo hay cien abogados titulados en toda la nación, poblada por más de seis millones de personas.

Tras una guerra civil sangrienta (unos 15.000 muertos y dos millones de desplazados) y larguísima (empezó en 1991 y terminó en 2009 tras la intervención de la ONU), el país intenta reconstruir el sistema judicial. Las autoridades han optado por una fórmula coherente: combinar la justicia impuesta por las normas occidentales con los sistemas de mediación tradicionales en la cultura ancestral del país y, al mismo tiempo, permitir la intervención de mediadores sin estudios en Derecho pero entrenados previamente.

El fotógrafo Aubrey Wade, que ha residido entre Sierra Leona y el Reino Unido durante los últimos diez años, muestra el sistema en el reportaje Turning Towards Justice (Volviendo a la justicia), que se expone hasta junio en la sede en Londres del Overseas Development Institute —un think tank dedicado a la consultoría sobre cuestiones de igualdad y derechos humanos—. La serie de fotos que muestra y explica cómo funciona la fórmula mixta tiene el apoyo de la organización no gubernamental Namati, que se dedica a asistir al desarrollo de los sistemas judiciales en países en vías de desarrollo o que atraviesen circunstancias difíciles o crisis.

Con el convencimiento de que en Sierra Leona "la justicia es un viaje", los organizadores de la campaña indican que los habitantes del país deben elegir entre el sistema legal formal y los mecanismos tradicionales, pero advierten que la convivencia de ambas fórmulas, que puede parecer a primera vista "confusa", es adecuada dadas las carencias en infraestructuras del país y el escasísimo número de abogados, casi todos instalados en Freetown.

Las imágenes de Wade, acompañadas de testimomios recogidos sobre el terreno en 2013, muestran la convivencia de ambas fórmulas y permiten comprobar, dicen desde Namati, que la actividad de los mediadores paralegales —no titulados en Derecho— es fundamental para que los ciudadanos tengan acceso a reparaciones o demandas que consideran justas. La ONG ha puesto en marcha programas de entrenamiento para estos asesores, que han sido reconocidos como asistentes legales por la administración del país africano y que en 2013 ayudaron a resolver 5.800 casos de demandas o denuncias —el 40% de todos los tramitados en el país—, que de otro modo serían impracticables.

Las casi 30 fotos de Wade muestran reuniones sobre derechos humanos que dirigen líderes comunitarios en chozas o barracas, mujeres consideradas como mammie queens (reinas madre) por su imparcialidad que se encargan de dirimir asuntos de menor importancia en los mercados de las aldeas, retratos de Paramount Chiefs —líderes locales de gran ascendencia sobre la comunidad o la tribu—, juicios locales basados en la discusión pública de los asuntos en litigio y moderados por un tribunal de hombres sabios imparciales, pequeñas casas de adobe donde ejercen los jueces de paz...

El director de Namati, Vivek Maru establece un "doble objetivo" para el programa de convivencia pacífica de los sistemas formal e informal de justicia: "Por un lado, construir comunidades más capaces y, por otro, que los gobiernos sean más sensibles. Ambas condiciones son cruciales para los derechos humanos y el desarrollo".

La ley, añade Sonkita Conteh , directora del programa en Sierra Leona, "debería funcionar en el interés de la gente, hacer que el derecho entre en la vida cotidiana de las comunidades y de los individuos". La formación de asesores paralegales de base "asegura que los individuos son capaces de comprender sus derechos y tomar posiciones sobre su bienestar".

El movimiento de los asesores paralegales es "una contribución a la campaña de nunca más: los jóvenes saben que tienen voz en los asuntos que les afectan y personas que pueden mediar en su nombre. Lo mismo sucede con los mayores y con todo aquel que se sienta víctima de una injusticia. Este movimiento es una contribución a que la guerra no vuelva a repetirse", dice Daniel Sesay, que coordina el programa en Namati.