La comisión creada en la Diputación de Ourense en octubre de 2013 para explorar la gestión en los proyectos europeos 'Daredo' y 'Deputrans', investigados ya por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), concluye que el informe elaborado por esta entidad "se sustenta en apriorismos y presunciones", por lo cual lo rechaza "absolutamente" y establece "dejar la resolución de esta total discrepancia bajo el amparo de las instancias competentes, que serán las jurisdiccionales".

En sus conclusiones, la comisión afirma que las irregularidades detectadas por Bruselas pueden considerarse "una discrepancia profunda" sobre un expediente administrativo "basada en criterios técnicos distintos", incluso en cuanto a requisitos y trámites administrativos.

La creación de la comisión fue acordada con los votos del PP en octubre de 2013. Los diputados del PSOE y el BNG declinaron participar así que, durante casi cuatro meses, los 15 diputados populares se reunieron media docena de veces, según uno de sus miembros, Plácido Álvarez.

La comisión entrevistó a cuatro funcionarios técnicos que participaron directamente en la gestión de los proyectos, 'Daredo' y 'Deputrans', que contaron con la cofinanciación europea de 10,123 millones de euros, cuya devolución reclama la UE.

El informe final de la comisión se dio a conocer en la página web de la Diputación de Ourense e indica que ni en el expediente, "muy voluminoso", ni en las declaraciones de los técnicos, se aprecian "ni constatan por ninguna parte, intervención o mediación ninguna de órganos político de la Diputación sobre sus actuaciones".

En ese sentido, la comisión determinó que la única intervención política es "simplemente formal", pues se produce "para dar inicio al expediente, para refrendarlo con su aprobación y para autorizar las distintas fases y trámites de contratación, en lo que no se aprecia ni deduce, ni mucho menos constata que ello incidiese en el trabajo de los técnicos".

En manos de la justicia

La comisión tomó declaración al actual secretario general de la Diputación, Francisco Cacharro Gosende —su predecesor no pudo comparecer por enfermedad—; al anterior interventor, José María Baños; al jefe del servicio de contratación, Javier De Anta y al ingeniero jefe del servicio de aguas, Javier Bobe, convocado al juzgado de instrucción número 2 de Ourense para declarar como imputado por este tema, denunciado judicialmente por PSOE y BNG.

Según las conclusiones conocidas este martes, todos fueron "meridianamente tajantes" al afirmar que actuaron con "absoluta libertad de criterio, en la más estricta legalidad y según su saber y entender", sin que nadie les diese directriz alguna para condicionar los requisitos establecidos para contratar la empresa abastecedora de depuradoras y asistencias técnicas.

Los 15 diputados del PP consideran que el informe-denuncia de la Olaf se "sustenta sobre apriorismos y presunciones" que, puestos frente a las razones y fundamentos técnico-jurídicos de las alegaciones presentadas por la Diputación, "no deja otra salida que rechazar absolutamente" ese informe-denuncia y "dejar la resolución de esta total discrepancia bajo el amparo de las instancias competentes, que serán las jurisdiccionales".

Sin responsabilidades

Las conclusiones detalladas al final de informe de la comisión incluyen la inexistencia de responsabilidades políticas ni administrativas ni de otro tipo en los órganos políticos que autorizan el expediente de contratación, porque "no se dieron instrucciones, ni recomendaciones o insinuaciones para que los técnicos establecieran unas condiciones determinadas que predeterminasen o favoreciesen la adjudicación a una empresa determinada".

La comisión tampoco determinó responsabilidades administrativas ni de otro tipo, de los técnicos-funcionarios que intervinieron en el expediente y entrevistados por la comisión.

El informe final de casi cuatro meses de trabajo alude al hecho de que los proyectos, ejecutados en los años 2003 y 2004, fueron consecuencia de una moción presentada por el PSOE en un pleno de la Diputación de 1992, para proponer la instalación de sistemas de depuración y gestión de residuos para poblaciones de más de 20 habitantes, en una moción que fue aprobada por unanimidad.

Las conclusiones fueron entregadas al presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, para que las traslade al pleno provincial, y si éste lo estima oportuno, remitirlos después al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense para las diligencias previas abiertas.

En este sentido, Álvarez dio por casi seguro que el presidente de la institución dará cuenta de este informe y sus conclusiones en el pleno provincial de enero, previsto para el viernes día 31 a las 11,00 horas.