La Asociación de Empresarios de Almería (Asempal) ha mostrado este lunes su "preocupación" ante las medidas adoptadas por el Gobierno a través del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, que amplía los conceptos salariales que deberán cotizar a la Seguridad Social, ya que afectará a "la práctica totalidad de los convenios colectivos provinciales", sentido en el que cada empresa deberá cotizar unos 33 euros por trabajador al mes en concepto de 'plus al transporte'.

En concreto, este concepto que tiene como objetivo "compensar los gastos de traslado entre el domicilio y el trabajo y viceversa", se recoge al menos en 15 convenios colectivos de la provincia como son el campo, comercio textil, construcción, dependencia mercantil, derivados del cemento, hostelería, industria de la alimentación, industria de la madera, industria de la panadería, oficinas y despachos, limpieza, sanidad privada, transporte de viajeros, transporte de mercancías y manipulado de frutas y hortalizas.

Según las primeras estimaciones de Asempal, aproximadamente 13.378 empresas de los sectores productivos afectados por estos convenios sufrirán, sólo en el concepto de estas ayudas al transporte, un "considerable incremento" de los costes empresariales, lo que "hará que se resienta su competitividad", según afirma la organización en una nota.

El impacto del coste de la cotización para las empresas del 'plus al transporte' puede suponer según la patronal almeriense aproximadamente por persona al mes, entre 29,62 euros a 36,66 euros, dependiendo del sector de actividad. En esta misma horquilla, para cada trabajador el coste de dicha cotización puede rondar entre los 5,96 y los 7,30 euros al mes.

Es este contexto, el presidente de Asempal, José Cano, considera que "incrementar la presión recaudatoria" sobre empresas, autónomos y trabajadores producirá un efecto "pernicioso y contraproducente", sobre todo en la empleabilidad, por cuanto "aumentar para las empresas el coste del puesto de trabajo, no facilita la creación de empleo".

Por ello, Cano ha insistido en que esta medida constituye un "impuesto más" al mantenimiento de empleo y "un nuevo impedimento" para la contratación, con lo que ha reiterado la necesidad de que se adopten medidas que "estimulen la actividad empresarial, que permitan un menor esfuerzo fiscal y la reducción de las cargas sociales".