El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha exigido participar en la comisión mixta de negociación entre el Ejecutivo aragonés y el Gobierno de Zaragoza sobre la futura Ley de capitalidad.

Alonso ha reconocido que ante la aplicación de la Ley de racionalización y sosteniblidad de la administración local, esta futura ley de capitalidad de Zaragoza "tiene poco recorrido y poca trascendencia", pero ha recalcado que "queremos estar en la comisión mixta de negociación".

Ha alertado de que "al final el bipartidismo dirime cuestiones que afectan a todos" y ha anunciado que defenderán una moción para que IU pueda participar en la citada comisión mixta porque el Ayuntamiento "tiene que tener competencia para decidir quienes la integran y no va a ser la Diputación General de Aragón la que vete a IU".

En rueda de prensa, ha explicado que la Ley de capitalidad "no entrará en colisión con la ley 'antiayuntamientos' al argumentar que si una competencia que era municipal y ahora es autonómica si se decide que la siga ejerciendo el Ayuntamiento "tendría que ser para todo el territorio y eso no va a ocurrir".

Seguir igual

No obstante, ha estimado que la ley de capitalidad "podría colaborar en paliar los desastres de la ley antiayuntamientos", que ha calificado "como el intento del PP de ajustar su presupuesto mediante recortes".

Al respecto, ha citado un informe remitido por el Gobierno central a la Comisión Europea en el que cifra en 8.024 millones de euros entre 2013-19 la aplicación de la reforma de la administración local, de los que para este ejercicio corresponderían un ahorro de 1.145.489 millones de euros, de los que 680 millones serían por ahorro de gastos en competencias impropias.

Así, ha deducido que el Gobierno del PP "establece que el 60 por ciento del ahorro de la reforma local es porque los ayuntamientos no pueden ejercer competencias impropias" por lo que si esas competencias pasan a otras administraciones con un ahorro de 680 millones de euros "cómo se van a desarrollas las acciones que se derivan de esas competencias" se ha preguntado.

Otro aspecto que ha criticado de la ley de reforma local es que "no existen los planes integrales" y las competencias que hasta ahora ejercían las ciudades ahora pasan a otras administraciones, por lo que reclamará un informe jurídico sobre la posibilidad de que la ejecución de las competencias "siga como hasta ahora hasta que haya una prohibición expresa del Gobierno de Aragón o del Gobierno de España"