Llanuras, valles, montañas, mesetas... España posee gran riqueza natural y paisajística, en parte gracias a la diversidad de su clima y de su vegetación. Pero el impulso del turismo como salida de la crisis, los regadíos ilegales, la mala depuración de aguas, la extracción de gas y los desarrollos urbanísticos acorralan sus principales espacios naturales del interior. Los ambientalistas consideran preocupante la situación de algunos como el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), la finca pública La Almoraima (Cádiz), el monte de San Glorio (León) o el Lago de Sanabria (Zamora).

La Junta de Extremadura propuso autorizar la navegación turística en el interior del Parque Nacional de Monfragüe.  Las ONG Adenex, SEO/BirdLife y Fundación Global Nature, así como Ecologistas en Acción, se opusieron a la navegación turística en el río Tajo porque podría afectar a un exclusivo entorno "casi intacto desde hace siglos que alberga la mayor colonia de buitre leonado y la mayor concentración de buitre negro existente en el parque nacional y sus aledaños", denunciaron.

Ecologistas en Acción criticó además que el plan rector de uso y gestión del parque de Monfragüe pretendiera abrir más rutas para coches eléctricos, alertando del problema de masificar una zona especialmente protegida.

Este proyecto acaba de ser validado, sin embargo, por el Consejo de Ministros que pasado 24 de enero aprobó la Ley de Parques Nacionales, que permite impulsar hasta 14 planes de actividades turísticas en el interior de Parques Nacionales, entre los que también se incluye el vuelo sin motor en la sierra de Guadarrama, Madrid.

Las ampliaciones de las estaciones de esquí de Aragón o Madrid, así como la creación de nuevas instalaciones para la práctica de dicho deporte, preocupa también a los defensores del medio ambiente. La experiencia les dice que las estaciones de esquí, aunque no estén dentro de los Parques Nacionales, afectan directamente a zonas protegidas.

Ecologistas pone el ejemplo de Valdesquí, "una isla justo fuera del Parque de Guadarrama" muy afectado por el acceso masivo de personas y coches. "La gente piensa que esquiar no tiene impacto medioambiental alguno, pero la utilización de los cañones de nieve, con el consiguiente problema de consumo de agua, o los problemas de erosión, sí son perjudiciales", explica Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.

Entre los proyectos de nuevas estaciones destaca el de San Glorio, en León. Supone la construcción de una estación de esquí en el macizo de Fuentes Carriones, al sur de picos de Europa (entre Palencia y León). Se trata de una zona de altura, donde los picos tienen hasta 2.400 metros. "La Junta de Castilla y León lleva desde 2003 haciendo leyes para obviar la prohibición y llegó a cambiar por decreto ley para cambiar la figura del parque", denuncia Javier Escudero, coordinador ecologista en la zona. "El cambio se lo ha tumbado los tribunales. Ahora hay un lío jurídico bastante gordo. El proyecto está en el aire. La Junta dice, sin embargo, que no está paralizado". Los ecologistas se oponen "porque la conservación de los recursos naturales no resulta compatible con las estaciones de esquí". Además, argumentan que esta actividad supone un gasto constante en mantenimiento y genera pocos o ningún beneficio.

En el interior del Parque de Doñana existen desde hace muchos años unas instalaciones de aprovechamiento de gas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado a una empresa filial de Gas Natural-Fenosa a construir un nuevo gasoducto y a almacenar gas en diferentes puntos del subsuelo. Los ecologistas tildan de "peligrosa" dicha actividad. "Por el impacto de la obra en sí, estamos hablando de construcción de gasoductos par poder sacar y meter el gas, y porque es una actividad que puede provocar accidente", explican. Los ambientalistas recuerdan que Doñana es un parque fundamental para el felino más afectado por riesgo de extinción de Europa, el lince ibérico.

El caso de las Tablas de Daimiel, la segunda zona húmeda de España tras Doñana, preocupa que se permitan en la zona gran número de pozos de regadío ilegales, sin permiso, pero que continúan activos en el entorno de parque "ante la pasividad de la administración". En estos momentos, con las lluvias recientes, las zonas húmedas no presentan carencia de agua, "pero nos podemos encontrar en medio año que estén prácticamente secas", denuncia Ecologistas en Acción.

La ONG recuerda que Daimiel es el Parque Nacional más pequeño de España y que a su juicio cuenta con una superficie insuficiente. La petición de su ampliación hasta los ojos del Guadiana, entorno muy relacionado con el origen del agua de la que depende el parque, sería la propuesta ecologista, superior a la recientemente aprobada por el Gobierno.

Los ecologistas denuncian que determinadas actividades que ocupan mucho espacio en el territorio, como la agricultura o los desarrollos urbanos, han tenido impactos importantes en la desecación de lagunas. En concreto, en España han desaparecido el 60% de los humedales, con su efecto sobre la fauna y la flora, denuncian.

Muchas lagunas, pequeñas y medianas, han sufrido también por vertidos. Tal es el caso de la Laguna de Aceite, en Arganda del Rey, una charca artificial en la que se acumulan unos 50.000 metros cúbicos de residuos altamente tóxicos, el equivalente a 20 piscinas olímpicas. Esta laguna fue contaminada por una empresa de Arganda, Aceites Ulibarri, desde 1989 y de forma continuada, sin que nadie impusiera ningún control ni sanción. Ahora, 25 años después de que empezara a contaminarse, y con varios miles de aves muertas a sus espaldas, la Comunidad de Madrid ha anunciado su restauración ambiental.

Otro de los enclaves amenazados de los que más se habla últimamente es el Lago de Sanabria, por la contaminación provocada por una mala depuración de las aguas. La empresa que gestiona turísticamente este enclave, con 700.000 visitantes al año, viene denunciando vertidos desde noviembre, pero la Junta de Castilla y León ha negado en todo momento el mal funcionamiento de la depuradora. El lago de Sanabria habría perdido ya el 87% de la biodiversidad que caracteriza este espacio natural, el mayor de origen glaciar de la península.

La mayor parte de los Comunidades Autónomas han permitido invadir, al menos en parte, espacios naturales que deberían contar con protección, según Ecologistas en Acción. La ONG destaca entre otros la Marina de Valdecañas, en Extremadura, una urbanización de pequeños chalés con embarcaderos junto al embalse. Hace poco el Tribunal Supremo ordenó la demolición de esta infraestructura, que ocupa una zona de especial protección de las aves, dando la razón a los ecologistas. Otros ejemplos llamativos son la edificación en torno al Mar Menor y el desarrollo urbanístico del Delta del Llobregat.

El Delta del LLobregat, junto a Barcelona, es el segundo humedal más importante de Cataluña, clave en las migraciones de aves de Europa a África, y viceversa. Los ecologistas denuncian que ya el 60% del humedal está bajo el asfalto, con el crecimiento de la ciudad y de los polígonos industriales. Actualmente quedan 2.000 preciadas hectáreas sin urbanizar, de gran valor agrícola, así como unas pocas más de humedal protegido. Los ecologistas lamentan que se pensara ubicar en esta zona campos de golf, la ciudad de ocio del Barça o incluso Eurovegas.

En Cádiz también es noticia el plan de la venta de la finca del Estado La Almoraima, que está en su mayoría en un Parque Natural de Los Alcornocales. Los planes del ministerio de Medio Ambiente de vender la finca han supuesto la ampliación de la protección de dicho espacio por parte de la Junta de Andalucía. Es la pugna constante de dos administraciones. Los planes del Ministerio pasan por hacer más atractiva la zona con la construcción allí de un aeródromo, un hotel de lujo y un campo de golf.  Los ecologistas denuncian por "intolerable" la política consistente en desposeer al Estado, dejándolo desprovisto de parte importante del patrimonio público para que pase a manos de empresas privadas.