Boné (PAR) reclama que Aragón defienda sus intereses ante la modificación de la demarcación notarial

El vicepresidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz del Grupo parlamentario en las Cortes, Alfredo Boné, ha señalado que "Aragón debe velar para que la Comunidad no sufra efectos negativos en la modificación que está preparando el Gobierno central para los registros de la propiedad y para las demarcaciones notariales".
Alfredo Boné
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EUROPA PRESS
Alfredo Boné

El vicepresidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz del Grupo parlamentario en las Cortes, Alfredo Boné, ha señalado que "Aragón debe velar para que la Comunidad no sufra efectos negativos en la modificación que está preparando el Gobierno central para los registros de la propiedad y para las demarcaciones notariales".

En este sentido, el Grupo del PAR ha registrado una proposición no de ley, que se debatirá en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, con la pretensión de que Aragón no salga perjudicada durante el procedimiento de revisión.

Alfredo Boné ha instado al Gobierno de Aragón a que, en colaboración con las entidades locales y el Colegio de Registradores, traslade al Ministerio de Justicia una propuesta sobre la modificación de la demarcación notarial y de los registros de la propiedad, "que defienda los intereses de Aragón, sea acorde con su realidad poblacional y socioeconómica, respete la división administrativa comarcal, y vele por el mantenimiento de los actuales registros de la propiedad y notarías, desde el principio de proximidad y calidad en la prestación de los servicios públicos".

Proceso de revisión

El Partido Aragonés ha apuntado que el Ministerio de Justicia ha iniciado el proceso de consultas previsto en el procedimiento para la revisión de la demarcación notarial y de los registros de la propiedad, y que para ello la Dirección General de los Registros y del Notariado ha enviado escritos a los ayuntamientos aragoneses solicitando informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de modificar estas demarcaciones.

Boné ha subrayado la necesidad de estar "vigilantes" ya que según los nuevos criterios, aquellos registros de la propiedad que no alcancen el umbral de los 1.800 documentos al año, deberían amortizarse y quedarán agrupados con el registro colindante.

Estas previsiones, ha valorado, suscitan algunas incertidumbres en el territorio, "por cuanto no queda precisado si la amortización se traduciría en la desaparición de oficinas o se resolvería mediante la designación de un mismo notario o registrador de la propiedad para varias sedes".

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