Para introducir esta medida, hay que modificar la ordenanza fiscal que regula el abastecimiento del agua y asegurar que los contribuyentes recibirán un aviso antes del corte. El procedimiento es legal y ya lo están aplicando varios ayuntamientos del país.

 

Esta medida tiene por objeto combatir el fraude fiscal. «Es inaceptable que algunos ciudadanos disfruten del agua sin abonar los recibos», indicó el delegado municipal de Economía, Alberto Lafuente.

 

El 95% de los zaragozanos tienen domiciliados los recibos, lo que impide que se escapen del pago. El 5% restante los abonan en el periodo voluntario o en el ejecutivo. Si siguen sin pagar (hay 6 meses para hacerlo), recibirán un aviso del Consistorio y les cortarán el suministro.

 

Perfil del infractor

 

El delegado de Hacienda indicó que los morosos son fácilmente identificables. «Usan subterfugios para que no les apliquen la ley, como trasladar su patrimonio a terceros», indicó Lafuente. También hay dificultades para cobrar a los vecinos de Utebo que reciben el agua de Zaragoza.

 

Valencia y Madrid lo aplican ya

 

El abastecimiento de agua en Valencia lo realiza la empresa Emivasa, participada por Aguas de Valencia (80%) y el Consistorio (20%). Si el ciudadano no liquida los recibos, le cortan el suministro. Para que vuelvan a dar el servicio, hay que pagar las facturas pendientes y darse de alta de nuevo. En Madrid siguen un proceso similar. El Canal de Isabel II, empresa pública dependiente de la Comunidad, restringe el suministro si el abonado no liquida el recibo. Como trámite administrativo, remite una carta cuando se cumple un mes del impago, advirtiendo al cliente que puede cortar el suministro.