La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a un segundo abogado del despacho Garrigues, para el que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna, al contrario que esta mañana, cuando pidió una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones para otro letrado de este bufete.

De este modo, la declaración ante la juez Mercedes Alaya de este letrado, Juan A. López, se ha prolongado por espacio de una hora y a su término ni el Ministerio Público ni ninguna otra parte personada ha pedido medida cautelar alguna para el imputado, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Esta comparecencia se ha producido después de que, durante la mañana, declarara ante la magistrada otro letrado de Garrigues, José M. Caballero, a quien la juez también imputó los dos mismos delitos mencionados, atribuyéndole haber sido conocedor y haber facilitado la inclusión de 'intrusos' en el ERE de la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco).

Estos 'intrusos' son la presidenta del consejo de administración, Encarnación Poto Monge; Andrés Carrasco, y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Huelva).

En este sentido, el encausado en todo momento negó haber conocido dicha inclusión de 'intrusos', señalando que su labor de asesoramiento concluía cuando finalizaba la tramitación administrativa del expediente.

La magistrada también cuestionó a este imputado sobre si ha asesorado en relación a otros ERE, señalando el abogado que sí, como por ejemplo en el de Saldauto.

Una vez concluida su declaración, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó para el imputado una fianza civil de 4.089.000 euros, de los que 2,8 millones se corresponden con la póliza del ERE de Acyco, pidiendo además que se declare responsable civil subsidiario al despacho Garrigues.

De su lado, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía pidió para el imputado una fianza civil de 600.000 euros.

También comparecerá este viernes ante la juez un abogado de Estudios Jurídicos Villasís, Daniel Gutiérrez Montaña, por su relación con los expedientes de Surcolor y el restaurante sevillano Río Grande.