La Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia sacará este sábado a exposición pública el proyecto de decreto que desarrolla la Ley sobre el uso de los símbolos institucionales de Baleares, en cumplimiento de su disposición final segunda y ante su inminente entrada en vigor.

Este decreto tiene por objeto el desarrollo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley y, en particular, la regulación del procedimiento de autorización al que se refiere este precepto.

Asimismo, con este decreto se pretende garantizar que los símbolos que se utilicen en los inmuebles y muebles afectos a los servicios públicos propios de la Comunidad Autónoma de Baleares no comprometan la neutralidad y objetividad con que deben prestarse dichos servicios públicos.

En consecuencia, atendiendo al lugar donde se pretende la utilización, se considera conveniente regular que los símbolos representativos de actos conmemorativos de carácter oficial y de declaraciones de interés local, nacional o internacional sólo se puedan utilizar en inmuebles o muebles afectos a servicios públicos de Baleares cuando haya una asunción o adhesión expresa mediante acuerdo del Consell de Govern publicado en el Boletín Oficial de Baleares.

Se trata de una potestad discrecional del Govern, en el ejercicio del establecimiento de la política de la Comunidad Autónoma y de la dirección de la Administración, asumir o adherirse de forma expresa a los actos conmemorativos oficiales o a las declaraciones de interés local, nacional o internacional cuando considere que se dan las condiciones oportunas.

"evitar confusiones a los ciudadanos"

Cabe recordar que esta Ley describe los símbolos oficiales y el uso que se ha de hacer de ellos. "La Ley de símbolos no va contra ningún símbolo. Se trata de evitar confusiones a los ciudadanos y de respetar sus derechos, como es el de recibir cualquier servicio público en condiciones de objetividad e imparcialidad", destaca el vicepresidente y conseller de Presidencia, Antonio Gómez.

La Ley de Símbolos recoge que las administraciones públicas han de mantener una postura ante el ciudadano de total imparcialidad y objetividad. Por consiguiente, "la ley pretende que en los espacios en los que se presta ese servicio público no se hagan manifestaciones de carácter ideológico", añade Gómez, quien además sostiene que el Gobierno de Baleares defiende el derecho a la libertad de expresión que "en ningún caso" se prohíbe con esta ley.