El Ayuntamiento de Cáceres ha tenido que recurrir finalmente a la justicia para pedir permiso para entrar a realizar, de forma subsidiaria, las obras en el edificio que resultó afectado tras el derrumbe del techo del restaurante Wok en abril de 2012.

La alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que el consistorio está a la espera del pronunciamiento del juez que "tiene que acreditar la necesidad de realizar esas obras", porque cuando los obreros han intentado entrar en el edificio, no se les ha permitido el acceso.

Nevado ha insistido en que la "obligación" del ayuntamiento es "velar por la seguridad de los vecinos" y ha recalcado que para recuperar el importe de las obras, que asciende a unos 33.000 euros, "no se va a acogotar a los vecinos" y se buscarán fórmulas para ayudar a las familias que no puedan hacer frente al pago.

"Si alguien no puede pagar las obras, que no se preocupe porque nosotros solo queremos velar por la seguridad de sus vecinos, y si acceden a hacerlas de forma voluntaria no se lo vamos a cobrar de forma inmediata y buscaremos fórmulas para realizar el pago", ha subrayado Nevado.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que el 11 de abril de 2012 tuvo lugar el derrumbe del techo del restaurante de comida asiática Wok cuando en su interior comían unas 60 personas, resultando dos de ellas heridas leves.

El accidente produjo daños en varios pisos superiores del inmueble y el ayuntamiento solicitó entonces un informe a un estudio de arquitectos de Sevilla para que cuantificara esos daños en los edificios de los números, 46, 48, 50, 52 y 54 de la avenida de Alemania, que es donde se ubica el inmueble.

El informe concluyó que, en el caso del bloque número 52, se debían reforzar las plantas superiores, las separaciones entre las viviendas y los locales de las plantas bajas. En total el proyecto ascendía a 110.000 euros, que los vecinos debían sufragar en seis meses en cuotas de 651 euros, pero solo hicieron frente a cuatro mensualidades por problemas económicos.

Entonces, el consistorio decidió ejecutar las obras de forma subsidiaria a pesar de la protesta de los vecinos que creen que ya se han realizado los arreglos pertinentes, al tiempo que manifiestan que sus casas "son seguras", tal y como reza en varios carteles colocados en las ventanas de la fachada.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Olivera 2009, según el proyecto realizado por los propios servicios técnicos municipales, pero los vecinos se han negado a que los obreros entren en sus casas, por lo que el consistorio ha tenido que acudir a los tribunales para poder realizar los arreglos.

Por otra parte, los propios vecinos también han presentado un contencioso-administrativo contra el ayuntamiento al diferir con el informe de obras de éste.