El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha recomendado a las Cortes que revisen o, en su caso, modifiquen la Ley de Subvenciones de la Comunidad con el objeto de introducir cambios en el contenido de los planes estratégicos para que en éstos figuren valores de referencia de cada uno de los indicadores relacionados con los objetivos del plan, a fin de mejorar su seguimiento.

Así figura en el Informe de Fiscalización de las Subvenciones incluidas en el Programa de Apoyo a las Familias de Castilla y León y de Fomento de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral correspondiente al ejercicio 2010, el cual ha presentado este jueves en el Parlamento regional su presidente, Jesús Encabo.

En este informe, cuyo texto provisional no recibió alegaciones por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, establece que ésta cumplió, con carácter general, la normativa jurídica a la cual estaba sometida como concedente de subvenciones, aunque señala una serie de "debilidades e incumplimientos" relativas a dicho programa de apoyo.

En cuanto al Plan Estratégico promulgado para este propósito para el periodo 2009-2011, éste contenía, a juicio del Consejo de Cuentas, algunas "deficiencias" relacionadas con su contenido, como son la "ausencia de un plan de acción" en el que se contemplen los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones, o la supeditación del plan a la existencia de disponibilidades presupuestarias en cada ejercicio, pero "no a la consecución de los objetivos del mismo".

Al hilo de esto, el informe señala que, en lo relativo a las ayudas para nacimiento o adopción de hijos y para las familias numerosas con cuatro o más hijos, se fijaron como objetivos "lo que en realidad constituye el objeto de las subvenciones", ya que éste "es siempre el apoyo económico, distinto del objetivo o finalidad que debe perseguirse con su otorgamiento".

Por lo que se refiere al seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, se señalan como "principales debilidades" unos objetivos "muy amplios" y unos indicadores "sin valores de referencia" que permitan considerar los objetivos como "cumplidos". Asimismo, se señala que los indicadores previstos "sólo se cumplieron parcialmente", a pesar de que en la evaluación de 2010 de la Consejería se señalaba que sí se habían cumplido los objetivos previstos en todas las líneas de subvenciones del programa fiscalizado.

Incumplimientos en las bases reguladoras

En lo relativo a las bases reguladoras que rigen las convocatorias de subvenciones de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Consejo señala como "incumplimientos" detectados que las mismas "no recogen el plazo de presentación de solicitudes", en contra de lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

En concreto, para las subvenciones concedidas de forma directa, el informe señala que "no se recoge" el criterio de otorgamiento de las mismas, en ausencia del cual se aplicó el de presentación que establece la ley. Por su parte, para las ayudas de concurrencia competitiva, el Consejo considera "objetivos" los criterios establecidos, excepto los fijados para las dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, en las cuales "no se detallan las zonas de riesgo de exclusión social ni se describen las condiciones para ser consideradas como tales".

También se refleja que en aquellas líneas en las que existe más de un criterio de otorgamiento, no se establecen las puntuaciones aplicables a cada uno de los criterios, de forma que es preciso acudir a la convocatoria de subvenciones para conocer los baremos.

Por otro lado, el informe advierte de que dichas bases tampoco recogen la composición de la Comisión de Valoración en las subvenciones de concurrencia competitiva y, en el caso de las de concesión directa, "ni siquiera hace mención a su composición".

A modo de ejemplo, el presidente del Consejo ha apuntado seis "incumplimientos" en el procedimiento de concesión de las ayudas a padres por el nacimiento o adopción de hijos, como son la falta de "contenido mínimo" y de "supuestos de inadmisión de solicitudes" en las bases reguladoras; los "defectos formales" que justificaron las resoluciones por desistimiento en todas las muestras analizadas salvo en dos casos (19 expedientes estudiados del total de 363 declaradas desistidas); la disparidad de criterios a la hora de computar las rentas de los solicitantes en función de la delegación territorial competente; falta o deficiente acreditación del empadronamiento en 17 de los 137 expedientes revisados; el abono del doble del importe establecido en la convocatoria en un caso de adopción múltiple, y el "condicionamiento" de las concesiones por el número de solicitudes presentadas en cada provincia y por la agilidad de su tramitación al estar su resolución descentralizada en cada una de las provincias.

En el caso de las subvenciones destinadas a entidades locales de Castilla y León para la conciliación laboral y familiar, Jesús Encabo ha destacado la "inexistencia" de una escala que permitiera puntuar el nivel de cumplimiento de los criterios de otorgamiento; la falta de concesión en régimen de concurrencia competitiva al no utilizarse dichas puntuaciones, y el reparto del presupuesto sobrante mediante un nuevo criterio de cuantificación adicional no previsto en las bases reguladoras ni en la convocatoria

Análisis de los grupos

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista se ha mostrado de acuerdo con las indicaciones realizadas por el Consejo en relación a la modificación de la Ley de Subvenciones, aunque ha lamentado que en el caso del programa analizado, las recomendaciones específicas "pierden todo su efecto" al ser 2010 "el último año en el que se concedieron estas ayudas", con una partida de 39,3 millones de euros que se vio reducida "en 34 millones" para el ejercicio siguiente, en el cual todo el importe se destinó "a pagar las deudas pendientes de las ayudas concedidas el año anterior".

En este sentido, el procurador Jorge Félix Alonso ha ironizado con la posibilidad de que la Junta de Castilla y León considere que "ya no hace falta conciliar" la vida laboral y familiar porque "hay menos empleo" y ha sentenciado que la cuestión "no es sólo cumplir la normativa, sino garantizar que sirve para dar respuesta a los problemas concretos y para favorecer la igualdad de oportunidades".

El portavoz del Grupo Mixto, José María González, en cambio, se ha mostrado "muy preocupado" por las "deficiencias" que afectan "al derecho de los ciudadanos" en este sentido y ha abogado por que las Cortes hagan "más pedagogía". También ha reconocido su inquietud por la "falta de claridad" a la hora de definir "quiénes entran dentro del riesgo de exclusión social".

Finalmente González, que ha asumido "totalmente" las recomendaciones del Consejo de Cuentas, ha instado a pasar "de la provincialización a la centralidad" porque "por encima está la propia Comunidad".

Con el Consejo ha coincidido también el Grupo Popular, cuyo procurador Daniel Sobrados ha destacado que el informe "dice que la Consejería cumple con carácter general", lo que demuestra, a su juicio, que "se hacen bien las cosas aunque se pueda mejorar". "No se cae en la autocomplacencia y se sigue trabajando", ha subrayado, tras lo que ha resaltado el "apoyo decidido del Gobierno de Castilla y León a los que más lo necesitan".