El Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de seis años de cárcel para exveterinario de la Junta José Carlos P.G, acusado de falsear actas de inspecciones en establecimientos sin haberlos visitado, aunque ha rebajado la cuantía que considera que el funcionario cobró por estos hechos, mientras que la defensa ha solicitado su absolución por entender que no se ha probado su autoría en los mismos.

En concreto, la acusación pública atribuye al procesado un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con otro de estafa y ha solicitado seis años de prisión, cinco de inhabilitación y una multa de 8.640 euros, además de la devolución a la Junta de 1.106,46 euros —inicialmente pedía 3.865 euros—, cantidad que considera que logró cobrar con la falsificación de las actas, aunque de 41 que "seguramente fueron falsificadas" sólo entiende acreditadas las correspondientes a doce días.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la Junta, reclama cinco años de cárcel por delitos de falsedad en documento oficial y también malversación de caudales públicos, además de la devolución de 5.177 euros, por los hechos cometidos entre agosto de 2008 y mayo de 2011.

Los acusadores argumentan que la mayoría de los titulares de los negocios que José Carlos P.G. visitaba no ha reconocido sus firmas en las actas, algo que han ratificado los peritos que han testificado en esta segunda jornada del juicio, ya que han afirmado que había rúbricas falsas en los documentos, aunque no han podido atribuir su autoría a persona alguna, al ser una "imitación servil", es decir, hecha "despacito" conforme al modelo de la original.

Así, las acusaciones han argumentado que la única persona que tenía motivos para su falsificación era el exveterinario porque con ello lograba cobrar un complemento de productividad, al realizar visitas durante guardias en las que era necesario acreditar inspecciones mediante una o más actas u hojas de control, como ha explicado la jefa del Servicio Territorial de Salud en Valladolid, María Victoria Díez, en contra de lo que José Carlos P.G. había declarado.

Las dos acusaciones también han advertido de ciertas presiones a algunos testigos, que inicialmente no reconocieron sus firmas y durante el juicio oral han cambiado su declaración, y a los que además el acusado pidió que firmaran un documento en el que reconocían la autoría de sus rúbricas para exonerarle.

Además, el letrado de la Junta ha hecho hincapié en que el único que tenía motivos para estas falsificaciones era el acusado, que se ahorraba así el desplazamiento a los negocios por las tardes o días festivos, al tiempo que ha descartado un ambiente de hostilidad o animadversión por parte de compañeros o superiores, frente a lo argumentado por el acusado.

Sin pruebas de culpabilidad

Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución y ha rechazado un delito de malversación porque el acusado no tenía posibilidad de manejar dinero, pero también el de estafa porque no ha habido un "desplazamiento patrimonial".

El defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que en la normativa que regula el trabajo de los veterinarios y sus inspecciones no se hace referencia a instrucción alguna, ni escrita ni verbal, sobre la necesidad de justificar con actas la realización de visitas para cobrar los complementos, por lo que descarta que el motivo de falsificar documentos fuera cobrar complementos.

Tras insistir en que no hay beneficio con la supuesta actividad fraudulenta, ha argumentado que algunas de las actas supuestamente falsificadas correspondían a visitas realizadas en su horario de trabajo, con lo que tampoco tendría motivos para hacerlo, pero además ha destacado que no se ha podido atribuir a su patrocinado la autoría de las rúbricas falsas.

Precisamente, José Carlos P.G, en el ejercicio del derecho a decir la última palabra, ha reivindicado su inocencia y ha explicado que no tenía sentido que en días en los que supuestamente había falsificado un acta y otra intentara ahorrarse un desplazamiento, ya que no le costaba nada realizar otra inspección.

El exveterinario está acusado de falsificar firmas y 42 actas de inspección entre el 24 de agosto de 2008 y el 3 de junio de 2011 en una docena de establecimientos cuando trabajaba como veterinario de la Consejería de Sanidad en la Zona Básica de Salud de Esguevillas de Esgueva.

En concreto, los hechos que se juzgan se corresponden con inspecciones sanitarias en tiendas, bares y otros negocios ubicados en las localidades de Olmos de Esgueva, Encinas, Castrillo Tejeriego, Fombellida, Castroverde de Cerrato, Piña de Esgueva, Villaco, Villanueva de los Infantes o Torre de Esgueva.