Los tres guardias civiles que han declarado este martes, acusados junto a otros 14 compañeros que prestaban servicio en el aeropuerto malagueño por pedir dinero a los pasajeros para dejarles pasar sus equipajes han negado estos hechos y no se han reconocido en las grabaciones intervenidas, que han sido visionadas por el jurado encargado de enjuiciar este caso.

Los agentes está acusados por pedir a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, como alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la ley, o comida que no podía ser libremente importada; así como ropa y dinero. La Fiscalía les acusa de delitos de cohecho, en algunos casos con carácter continuado, por los que solicita suspensión de empleo o cargo público y multa.

Los tres agentes sólo han contestado a las preguntas de su abogado, asegurando que nunca pidieron dinero ni tampoco vieron o supieron que sus compañeros lo hicieran. Asimismo, han dicho no reconocerse en las imágenes mostradas y que se sentían incómodos por la presencia en la sala de vistas de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil.

El juicio ha comenzado este martes, después de constituirse este pasado lunes el jurado popular. Los interrogatorios de los acusados se están realizando visionando previamente en la sala las grabaciones de una cámara ubicada en una cinta de la terminal y de la instalada para esta investigación en la oficina de la aduana, donde supuestamente se ven los sobornos.

En su informe inicial, la fiscal ha sostenido que los acusados "se sacaban un sobresueldo" aprovechándose del desconocimiento de los viajeros, destacando la gravedad de algunos hechos, como que, supuestamente, accedieran a cambio de dinero a dejar entrar alimentos que no estaban permitidos en la época de la gripe aviar. Ha indicado que habrían actuado así en 12 ocasiones.

Por su parte, las defensas, en su exposición inicial, han pedido la absolución de sus clientes, asegurando que no hay pruebas que sustenten la acusación que realiza el ministerio público para pedir que sean condenados y considerando que se trata de imputaciones "vagas" y por delitos "sin definir". Los abogados han cuestionado, sobre todo, las cintas de vídeo.

Así, el letrado de la mayoría de los funcionarios acusados, José Luis Ortega, ha asegurado que se "engañó" a una jueza para conseguir la autorización para instalar esa segunda cámara. Así, ha cuestionado las investigaciones y sobre las grabaciones ha apuntado que con la actuación llevada a cabo tampoco se persiguieron los supuestos delitos que se estaban cometiendo.

Otra letrada ha aludido a "manipulación" de las cintas y a que hay errores en la identificación de los acusados en las imágenes, calificando la investigación de "mezquina". En este procedimiento, también se juzga por un delito de cohecho a un ciudadano chino, cuya defensa ha asegurado que no denunció los hechos porque no había delito, ya que a él no le pidieron dinero.