El Partido Socialista de Cantabria ha formalizado el recurso contencioso administrativo contra el contrato de colaboración público privada del Hospital Valdecilla, y ha solicitado al mismo tiempo su suspensión cautelar, lo que dejaría sin efecto la adjudicación a Ferrovial-Siec y el reinicio de las obras hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) resuelva el recurso.

La secretaria general del PSC, Eva Díaz Tezanos, ha confiado en que la petición de esta medida cautelar no conlleve la imposición de una fianza por parte del TSJC, porque "estamos defendiendo -ha dicho- un interés público de los ciudadanos". Además, ha argumentado que existe un antecedente similar en el que un juzgado de lo Contencioso de Madrid no pedía caución.

Díaz Tezanos ha explicado en rueda de prensa que el PSOE ha solicitado en los tribunales la nulidad del contrato de Valdecilla, que se firma este mismo martes, porque quieren "evitar la privatización de una parte importante de la gestión del hospital" a lo largo de los próximos 20 años, cinco legislaturas, lo que a su entender supondrá "perdida de calidad y más recortes en la asistencia sanitaria y pérdida de empleo y empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el hospital".

"Recurrimos a la justicia para parar lo que creemos un grave error, un despropósito y un atropello, que lastrará el futuro de la comunidad autónoma", ha subrayado Díaz Tezanos tras puntualizar que el PSOE "no quiere paralizar las obras". "De hecho, las dejamos en marcha, las paralizó el PP en noviembre de 2012", ha dicho.

El PSOE basa su recurso en que el contrato de Valdecilla (de 759 millones de euros sin IVA por la finalización de las obras y la gestión de 12 servicios no asistenciales, privatizados en parte a través de 40 contratos) "hipoteca económicamente a Cantabria durante 20 años con una fórmula de dudosa legalidad y chapucera en su redacción"; y en que las obras del hospital, presupuestadas en 99 millones, se pueden terminar con un gasto "infinitamente menor, sin necesidad de privatizar servicios y sin poner en riesgo puestos de trabajo".

Además, el PSOE sostiene que "llena de sombras el futuro de la sanidad pública regional y pone en serio riesgo el derecho de los ciudadanos a una sanidad de calidad, gratuita e igual para todos". En su opinión, el contrato supone un "flagrante atropello a los trabajadores de la sanidad, condena a las empresas de servicios cántabras a ser meros subcontratistas en peores condiciones y abre la puerta a la privatización" del hospital.

El PSOE ha presentado el pasado viernes este recurso que ya anunció en el mes de septiembre contra la desestimación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del recurso que los socialistas promovieron contra la licitación del contrato. Díaz Tezanos ha recordado que el tribunal administrativo rechazó aquel recurso por falta de legitimación pero "no entró en el fondo del asunto".

La líder socialista ha puntualizado que antes de presentar este recurso, el PSOE ha propuesto en el Parlamento diferentes alternativas para acabar Valdecilla "sin privatizar y sin hipotecar a nuestra región", pero el PP "no ha admitido ninguna", por lo que el PSOE "va a seguir dando la batalla en los tribunales".

Asimismo, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, "no ha escuchado al PSOE pero tampoco a las organizaciones sindicales y plataformas que están pidiendo la paralización del procedimiento y ha "despreciado" las más de 35.000 firmas presentadas en contra de la privatización de Valdecilla.

Legalidad del contrato

En su recurso, el PSOE cuestiona la legalidad del contrato, cuyos "errores de publicaciones y posteriores anulaciones en los boletines oficiales" no han hecho más que "aumentar la preocupación y las dudas sobre el mismo", ha dicho Díaz Tezanos, quien ha censurado el aumento del presupuesto en 100 millones durante la fase de diálogo competitivo, "sin que coste informe económico alguno de Hacienda que lo avale", así como la anulación y nueva publicación del concurso para el seguimiento y control de las obras, de más de un millón de euros.

El PSOE se pregunta "cómo es posible que pudiendo acabar la obra con 99 millones, se opte por hipotecar a nuestra región por casi 900 millones de euros"; si se ha producido "una verdadera concurrencia" en la adjudicación del concurso con una sola empresa en la "puja final"; y si está "ajustado a derecho" el tratamiento que se da a los trabajadores de los servicios que conforman el contrato.

Al PSOE le "preocupan especialmente" los 266 trabajadores a los que afecta esta "nueva fase de privatización de servicios", pero también los de las contratas que desaparecen. Y quiere "impedir" que con los 40 contratos que van a pasar desde otras tantas empresa a ser gestionados todos ellos por la "nueva súper empresa", ocurra como con la limpieza, "bajada de salarios y reducción de puestos se trabajo".

Por último, el PSOE se pregunta "qué garantías existen, dado que no hay un informe de la Consejería de Hacienda", de que la empresa, en un futuro, cuestione la viabilidad económica del contrato y plantee nuevas exigencias económicas. "Lo vimos en Valencia, con los hospitales privatizados por Camps", ha dicho Díaz Tezanos, quien ha señalado que el modelo del PP en Cantabria es "el modelo del PP a nivel nacional, el modelo privatizador de la sanidad pública, en el que el único que sale beneficiado es la emprea adjudicataria".