El juicio a 17 guardias civiles que prestaban servicio en el aeropuerto de Málaga capital, acusados de pedir dinero a pasajeros extranjeros a cambio de poder pasar el equipaje, comenzará este martes, tras haberse constituido este lunes el jurado popular que se encargará del enjuiciamiento.

Durante toda esta mañana, el presidente del Tribunal y las partes personadas en el caso han llevado a cabo la selección de los 11 miembros —nueve jurados y dos suplentes—, con lo que ha quedado constituido el tribunal popular, según han informado fuentes judiciales.

Así, está previsto que este martes comience la vista oral con la lectura de los escritos de acusación y defensa y con las exposiciones iniciales del ministerio fiscal y de los abogados, tras lo que comenzará la declaración de los 18 acusados, 17 agentes y un ciudadano chino.

Este juicio se celebra por el procedimiento del Tribunal del jurado después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga se declarara en enero de 2011 sin competencia para juzgar este caso en función de los delitos por los que se acusa a los procesados —cohecho—, cuestión previa que presentó una defensa.

La Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo a finales de 2005 que algunos de los componentes del cuerpo destinados en la sección fiscal del aeropuerto pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, según el escrito de acusación provisional.

En esta línea, el fiscal apuntaba que los investigadores tuvieron conocimiento de que incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol se advertía a sus familiares de que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas.

En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos. Tras eso, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero.

En el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se detallan varias peticiones entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006. Según esta acusación, presuntamente, los agentes requirieron dinero por dejar pasar equipajes, alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la ley, pero también comida que no podía ser libremente importada, ropa, dinero y, en un caso, un ordenador con el pretexto de que la aduana estaba cerrada.

Inicialmente, el ministerio público acusa a los agentes por un delito de cohecho, por el que pide para cada uno una pena de suspensión de empleo o cargo público durante tres años y multa que depende de los casos; o por un delito continuado de cohecho, por el que solicita tres años y nueve meses de suspensión y multa.

Asimismo, para alguno de los procesados, se incluyó en el escrito inicial la calificación alternativa por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita para dos años de inhabilitación especial para guardia civil o cargo análogo, y por otro de cohecho, por el que pide suspensión por tres años y multa.