El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, advierte de que el próximo martes día 21 de enero es una "fecha clave" para los agricultores y los ganaderos gallegos, ya que el Gobierno central y las comunidades autónomas se reunirán para fijar los criterios de distribución de los fondos de la nueva Política Agraria Común (PAC). Para el sindicato, este encuentro representa una ocasión "para resolver el agravio histórico" que el reparto de estas ayudas ha supuesto para Galicia.

Por ello, en torno a medio millar de personas se unirán ese día en Madrid a la movilización convocada por la organización de ámbito estatal (UPA) a la que está vinculada UU.AA. Las reclamaciones específicas de los profesionales gallegos se centrarán en la aplicación por parte de España de elementos "correctores" que eviten el perjuicio para las explotaciones de la comunidad, que, de media, presenta una menor base territorial —y con la nueva PAC las subvenciones se concederán en función de las hectáreas—.

A este respecto, UU.AA. propone que las primeras 30 hectáreas obtengan una cuantía de la ayuda superior a las siguientes. Mientras en el conjunto de España la media de superficie de las granjas ronda las 30 hectáreas, en Galicia se queda en "apenas 15", según ha señalado en rueda de prensa este lunes Roberto García, quien pone a Francia de ejemplo en la apuesta por esta medida.

Otra de las decisiones que requiere Unións es determinar quiénes son los agricultores activos, para "dejar fuera" a los "agricultores de sofá" que, de acuerdo con sus números, alcanzan los 350.000 solo en la Comunidad gallega. "Sería más justo y también una forma de legitimar socialmente las ayudas ante los europeos", ha subrayado el líder de la central agraria.

También quiere que se fije como "techo máximo" una subvención de 60.000 euros por explotación, "y no de 300.000", algo que califica de "inmoral" al suponer, en su opinión, "una transferencia de renta" a la que no encuentra "explicación".

Sector lácteo

En lo relativo al sector lácteo, el hecho de haber tenido que comprar en los últimos años cuota para producir —con el endeudamiento que implicó para numerosas granjas— "tiene que tener una compensación económica" ahora que los ganaderos deberán afrontar el paso a un escenario sin cuotas. Eso, "o un plan que permita refinanciar" sus inversiones, ha reclamado García.

No en vano, los productores de leche, "si no se hace nada", serán, a juicio de este sindicato, los más perjudicados por la reforma de la PAC junto a los viticultores —también desaparecerán los derechos de plantación—, pues "pueden perder hasta el 30 por ciento de las ayudas que venían percibiendo".

Además, al margen de la buena situación de los precios actual, más de un millar de explotaciones, según ha asegurado Roberto García, "siendo viables" están "pendientes de la ejecución de embargos" por parte de las entidades financieras debido a créditos que "no pudieron devolver porque durante todo 2012 estuvieron vendiendo por debajo de los costes de producción". A este respecto, UU.AA. reclama "fórmulas" del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que supongan "una solución".

Aprobación de la reforma

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea aprobaron formalmente el 16 de diciembre el acuerdo para reformar la PAC y el paquete de medidas transitorias previstas para 2014, lo que permitirá iniciar su aplicación a lo largo del año hasta su plena entrada en vigor 2015, cuando serán efectivas novedades como el 'pago verde' que condiciona parte de las ayudas a esfuerzos medioambientales.

El ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Miguel Arias Cañete, informó entonces de que España podrá aplicar la reforma a finales de enero, tras una reunión sectorial prevista para los días 21 y 22 de enero con las comunidades autónomas.

Réplica a la consellería

El secretario de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo, ha aprovechado para reclamar que la PAC se utilice de modo que contribuya a la lucha contra los incendios forestales. "Si se abandona la actividad agraria, estaremos en un escenario de grandes incendios", ha avisado.

A este respecto, a preguntas de los periodistas, ha lamentado que la Consellería de Medio Rural, a través de una nota de prensa, "acusase con mala fe" al sindicado de no haber alegado al decreto que actualiza la regulación de los aprovechamientos forestales.

En este sentido, tanto él como Roberto García han recordado que UU.AA. presentó alegaciones a la ley de 2007 de prevención y defensa contra los incendios, que es la que determina la prohibición de pastorear en terrenos quemados durante dos años, "y un decreto no puede ir en contra de la ley".

Por ello, el secretario xeral de la organización ha criticado la comunicación de Medio Rural, por "desproporcionada en los calificativos" —la consellería afirmaba que Unións hacía "demagogia una vez más"— y por "mentir", ya que una representante de la central acudió a la reunión del Consello Forestal del 27 de mayo.

Por último, Roberto García ha ratificado su rechazo a la medida, al suponer, a su juicio, "un castigo no justificado" a los ganaderos y un "sin sentido", pues provoca que se genere "combustible" en el monte durante ese periodo de dos años.