El secretario general del PP de Granada, Santiago Pérez, ha afirmado este lunes que la intención del partido en Otura (Granada), tras la reciente condena a su alcalde, Pedro Cabanillas, por prevaricación, es recuperar la "decencia" de sus cargos públicos, para lo que apuesta por la "regeneración" política en el municipio.

En declaraciones a los periodistas, Pérez ha señalado que lo que "más molesta" al PP es "la pérdida de confianza del equipo de gobierno respecto de una situación que no es buena para nadie, especialmente para los otureños", y por ello, tras hacerse pública la sentencia que le impone ocho años de inhabilitación, se puso en contacto con Cabanillas, que ya ha anunciado su dimisión.

Así, ahora se abren una serie de conversaciones para designar al candidato o candidata que pueda trabajar por Otura, y "habrá que ver cómo queda la correlación de fuerzas", según Pérez, quien ha manifestado que "si el PP tiene que continuar —en el gobierno— que continúe", aunque aclarando que lo que al partido le "preocupa" es la "decencia", y que las personas que representen al PP "se hagan merecedores de la confianza de los otureños".

"La solución que adoptemos y las medidas que adoptemos a partir de ahora irán muy poco en relación con el gobierno de Otura, y muy mucho en la regeneración y en la mejora de la honorabilidad de las personas que se hagan merecedores de un cargo público", ha explicado el dirigente 'popular', que ha indicado que el partido no se va a prestar "a ninguna componenda ni a ningún aspecto que al final sea lesivo para todos".

Pérez, que ha recordado que ahora mismo una gestora se encarga del partido a nivel local en el municipio, ha incidido en que los estatutos del PP contemplan la suspensión de militancia de un cargo condenado durante un periodo cuatro años, y ha confiado en que Cabanillas entregue su acta de concejal y no se integre en el grupo de no adscritos.

Sobre la posibilidad de realizar una auditoría en el Ayuntamiento, el secretario general ha indicado que eso correspondería al grupo institucional, aunque ha señalado que, desde su punto de vista, sí debería llevarse a cabo.

Además de a Cabanillas, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández-Sanz, así como a dos exediles de la corporación, como autores de un delito de prevaricación a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno, por la compra por parte del equipo de gobierno de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento de la localidad, pese a los informes técnicos desfavorables, y una tasación municipal muy por debajo de esa cantidad.