Los agricultores dicen que la declaración de ZEPA de la zona provocaría un atraso económico y la muerte del territorio, ya que todos los propietarios necesitarían siempre la autorización de la Junta para la transformación de sus cultivos, para la instalación de cercas y vallados o para la construcción de edificaciones. Además, obligaría al soterramiento o trazado aéreo del tendido eléctrico y «supondría la pérdida de valor de las tierras y la disminución de las actividades económicas en la zona», añadió Fernández.

Ecologistas exige ayudas

La organización Ecologistas en Acción de Córdoba se muestra favorable a la protección de este territorio. «Existen una serie de motivos de orden económico detrás de las movilizaciones, ya que la mayoría de las actividades que se hacen en la zona se van a poder seguir realizando con absoluta normalidad», apunta Joaquín Reina, de Ecologistas.

«De cara a la venta de la tierra, si es ZEPA, la Junta tendrá derecho de tanteo y no se podrá negociar en dinero negro», señala Reina como posible causa de las protestas. No obstante, insiste en la conveniencia de que el Gobierno andaluz articule al mismo tiempo un programa con medidas dinamizadoras desde el punto de vista socioeconómico que mejoren la calidad y el nivel de vida de los municipios afectados.

Hablan algunos afectados

José Luis García. 34 años. Agricultor.

«Llevo cuatro meses intentando que me den información. La declaración de la ZEPA nos causará graves pérdidas económicas porque la Administración nos pondrá limitaciones y nos dirá, por ejemplo, cuándo podemos segar o arar».

Ventura Madueño. 58 años. Agricultor y ganadero.

«Si se declara zona de protección tendremos que llevar los fluidos eléctricos soterrados, y el coste es diez veces mayor. No podremos poner, por ejemplo, parques eólicos, y supondrá una gran bajada del valor de la tierra».