Los demandantes (Granada Viva, Granada Contra el Ruido y la Asociación Vecinos del Bajo Albaicín) aguardaron los tres meses legales en los que el Ayuntamiento podía resolver sus dudas. Cumplido ese plazo y sin tener respuesta, llevaron el asunto a los tribunales.
Y la condena consiste, precisamente, en reconocer que el Consistorio no dio adecuada tramitación ni contestación a las demandas de los vecinos. La jueza entiende que el botellón es un «problema de especial gravedad que desde antiguo viene martirizando a los ciudadanos».
En mayo de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al presidente de la Junta, Manuel Chaves, por vulnenar la Constitución al no atender una petición de información de la plataforma granadina Hasta aquí Hemos Llegado, también sobre el botellón.
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