El pleno de Diputación revoca el acuerdo del superávit de 2012 para destinar a inversiones los 39,3 millones

Villalobos propone que los propios ayuntamientos "decidan" el destino concreto del dinero del superávit de 2012
Fernando Rodríguez Villalobos
Fernando Rodríguez Villalobos
EUROPA PRESS
Fernando Rodríguez Villalobos

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este lunes en sesión extraordinaria y urgente, ha revocado por unanimidad de todas sus fuerzas políticas el acuerdo plenario previo que destinaba a la "amortización anticipada de deudas" los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del presupuesto de 2012. En paralelo, el acuerdo aprobado por el PSOE, PP, IU-CA y el PA implica una adhesión a la disposición recientemente incorporada a la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, para destinar a "inversiones financieramente sostenibles" los citados 39,3 millones de euros.

Todo parte del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que estipula que el superávit de las administraciones debe ser destinado, textualmente, a "reducir el endeudamiento neto", lo que impide que las administraciones locales reconduzcan estos fondos hacia inversiones, por ejemplo. La legislación, no obstante, permitiría conservar sencillamente estos fondos en los depósitos de las instituciones.

La Diputación, como es sabido, reclamaba un mecanismo que permitiese utilizar en empleo y políticas sociales, más allá del 31 de diciembre de este año, los remanentes positivos cosechados durante el ejercicio presupuestario 2012, que en su caso se elevan a 39,3 millones de euros. Así, avisaba de que si bien el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera había quedado "congelado" gracias a un acuerdo en el Senado, no mediaba una modificación legislativa que aclarase como tal el destino del dinero correspondiente a los superávit.

Pendientes del boe

Durante el último pleno ordinario de la institución, de cualquier modo, el Gobierno provincial socialista, con el voto contrario de la todas las fuerzas de oposición, aprobó destinar los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012, a una "amortización anticipada de deudas", siempre merced a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Grupo popular, como se recordará, había propuesto dejar esta decisión sobre la mesa augurando una modificación legislativa que permitiría reconducir el superávit del presupuesto de 2012 durante el año 2014, si bien los socialistas avisaban de que el año se agotaba y no había nada publicado al respecto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, el BOE publicó hace pocos días una modificación de la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el sector público. Se trata de una nueva disposición incorporada a esta regulación estatal y titulada "reglas especiales para el destino del superávit presupuestario", pues permite a las corporaciones locales aplicar en 2014 los superávit de 2012, aunque siempre bajo el cumplimiento de una serie de requisitos y con destino a "inversiones financieramente sostenibles".

Dado el caso, la Diputación provincial ha celebrado un pleno extraordinario y urgente en el que, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, el acuerdo previo relativo al superávit de 2012 ha sido revocado y ha sido aprobada una adhesión a la "excepción" regulada a través de la nueva disposición incorporada a la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial, ya descrita líneas atrás. El nuevo acuerdo, recogido por Europa Press, implica destinar el superávit del ejercicio presupuestario 2012 a "inversiones financieramente sostenibles", realizando para ello "cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias en el presupuesto de 2014".

Que decidan los ayuntamientos

Las fuerzas de oposición, en ese sentido, han reclamado información y participación en cuanto al destino concreto de los mencionados 39,3 millones de euros, toda vez que el presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha propuesto la creación de dos comisiones de trabajo sobre este aspecto y "que sean los propios ayuntamientos los que decidan en qué se gasta este dinero". Los socialistas, además, han criticado que el Gobierno central del PP haya forzado esta situación al publicar ya a finales de diciembre la mencionada modificación legislativa.

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