El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha cifrado en 90 millones de euros y unos 840 trabajadores municipales las competencias que el Ayuntamiento dejará de ejercer con la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor este martes, 31 de diciembre.

Casas de Juventud, mujer, ayuda a domicilio, Casa Amparo, centros de convivencia de personas mayores, políticas de empleo o cooperación al desarrollo son competencias que deja de ejercer el Ayuntamiento y solo las puede ejercer si las delega el Gobierno de Aragón, que es el nuevo titular.

Para saber cómo actuar a partir de la entrada en vigor de la ley, Gimeno ha propuesto al Gobierno de Zaragoza remitir una carta al Ejecutivo autonómico en la que le informa del traspaso de las competencias, con sus recursos económicos y de infraestructuras, además del personal para que "diga qué tenemos qué hacer".

Al respecto, ha precisado que es el Gobierno de Aragón "quien nos tiene que autorizar a seguir con las competencias" pero ha dudado de que "la DGA tenga capacidad técnica para resolver los problemas que conlleva porque no es algo simple".

Gimeno ha abundado más al señalar que "estamos dispuestos a pasar todos los recursos, hasta el personal —que además no cobra lo mismo en el Ayuntamiento que en la DGA— pero el objetivo es que se siga prestando el servicio a los ciudadanos".

"En caso de que diga que se queda la competencia, se la paso y si no contesta se seguirá prestando el servicio, pero puede ser que la Intervención ponga pegas para ejecutarlas", ha alertado.

Sin transición

"El texto de esta ley no es una buena noticia y aunque lo conocíamos, ahora hay que aplicarlo, aunque, a veces, es casi imposible" ha opinado Gimeno, al argumentar que "no se establecen periodos transitorios" excepto para las competencias de los servicios sociales en general y las escuelas infantiles, que son de dos y cinco años respectivamente, además el Gobierno de Aragón tendrá que sufragar el 20 por ciento de estos centros para niños de 0 a 3 años durante cinco años.

En rueda de prensa, ha detallado que en el caso de los centros de convivencia de personas mayores el Ayuntamiento deja de tener competencia y en caso de que se acuerde que el Gobierno de Aragón la delegue al consistorio "tendrá que ser completa".

A su parecer, "solo el sentido común resolverá este lío", para apostillar que los interventores de los ayuntamientos dependen del Ministerio de Haciendo y supongo que habrá instrucciones técnicas para resolver el lío", ha incidido.

Como ejemplo ha citado que el Ayuntamiento no tiene competencia en cooperación al desarrollo por lo que no puede haber ayudas, pero constan en el presupuesto de 2014, que se aprobará el día 10, "y tendremos dificultades para ejecutarlo".

Otro aspecto de difícil ejecución es la aplicación de la dedicación exclusiva de 22 de los 31 concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, que "según la ley tiene que ser desde su entrada en vigor porque no hay periodo transitorio".

Sobre este asunto ha precisado que "no está decidido porque se precisa una aprobación por el Pleno", además las retribuciones "no se fijarán hasta los Presupuestos Generales de 2015" para insistir en que "el sentido común dice que es imposible de aplicar ahora".

Gimeno ha reconocido que "me cuesta pensar que el Gobierno de Aragón va a controlar al Ayuntamiento porque no tiene capacidad técnica, dudo de su capacidad para afrontar la realidad de lo que se le viene encima y porque la potencia del Ayuntamiento es mayor que la de la DGA en algunos servicios".

No obstante, ha estimado que la futura Ley de Capitalidad "podría ayudar a resolver este problema", pero ha apuntado que "siendo optimistas no estaría aprobada antes de seis meses".