El coordinador local de UPyD en Zaragoza, Javier Puy, ha presentado las alegaciones de su partido a los presupuestos del Ayuntamiento de la capital aragonesa para el próximo año.

Entre las reclamaciones desarrolladas, ha incidido especialmente en la depuradora de aguas residuales, solicitando que las nuevas modificaciones "recojan los ingresos provenientes del saneamiento de aguas residuales mediante la figura tributaria de tasa y los correspondientes gastos asociados a dicho servicio".

Para Puy, "el saneamiento de aguas residuales no es de carácter voluntario para los ciudadanos", por ello, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo incluye como uno de los servicios gravados mediante tasas.

En ese sentido, ha demandado que "deben recogerse en los presupuestos sus importes íntegros, y no estar ausentes como sucede en el actual". Para el portavoz de la formación magenta en la capital aragonesa, "la omisión de los ingresos y gastos derivados de este servicio, no solo vulnera la legalidad, sino que además, podría emplearse como herramienta para infringir algunos artículos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

800.000

Euros en intereses de préstamos

Por otro lado, desde UPyD también han solicitado que se incluyan partidas presupuestarias para cubrir unos intereses devengados de diversos préstamos a largo plazo, que a día de hoy no se encuentran contemplados, ascendiendo estos a más de 800.000 euros.

"Es una temeridad gastarse el dinero ahorrado para atender estos pagos por haber presupuestado cantidades insuficientes", ha señalado Javier Puy, que también ha declarado que esta actuación "vulnera el principio de transparencia, por tratarse de la concesión de varias subvenciones otorgadas a diferentes entidades sin concurso previo, evaluando así otros posibles proyectos".

Para concluir sus alegaciones, el coordinador local de UPyD ha manifestado la preocupación existente en su partido por no haberse constituido todavía, la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas, ni la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, unos órganos regulados en una Ley Nacional, siendo un imperativo legal para los municipios calificados como Grandes Ciudades.

Puy ha recalcado que "es inaceptable que no aparezcan consignadas partidas específicas para la creación de estos organismos, demostrando que no se respetan los principios de buena fe y de confianza legítima, llevando a la ciudadanía a un grave engaño y la aparición de falsas expectativas en el ejercicio de los derechos vecinales".