Los trabajadores de Incoesa han comparecido este jueves ante la Comisión de Seguimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad para pedir explicaciones sobre las subvenciones que la consejera Arantza Tapia "reconoció haber entregado" a la empresa, según ha informado LAB.

El sindicato ha recordado que Tapia, en el pleno celebrado el 18 de noviembre de 2013, "reconoció públicamente haber entregado la cantidad de cerca de 2.000.000 de euros en programas de investigación y desarrollo".

Por ello, ha indicado LAB, los trabajadores han solicitado varias reuniones a la Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad para que "aclarasen aspectos tales como en qué plantas de dicho grupo empresarial se están poniendo en práctica esos proyectos de investigación y desarrollo, reunión que a día de hoy no ha sido concedida".

En virtud a la declaración institucional aprobada el pasado mes de junio, que recogía la pretensión de revisar toda relación económica que se mantuviera con la empresa por parte del Gobierno, la plantilla ha exigido que se obligue a devolver ese dinero, "en caso de que la empresa no cambie su intención de deslocalizar la planta de Bedia", según LAB.

En opinión de los trabajadores, "además de haber entregado esa cantidad de dinero y omitir a los trabajadores las explicaciones oportunas", el Gobierno vasco "parece dar facilidades al cierre de Incoesa, tal como demuestra el último informe emitido por la Delegación territorial de Empleo y Políticas Sociales de Bizkaia".

LAB ha señalado que, "si en el informe de septiembre se denegaban los traslados de los trabajadores de una de las empresas afectadas, Magnéticos Bedia, ahora un nuevo informe, y sin haber cambiado nada desde entones, considera que hay causas económicas y productivas para cerrar el resto de empresas y trasladar a los trabajadores a Soria y Extremadura o sino de patitas en la calle".

En ese sentido, ha dicho que los trabajadores consideran que "son totalmente irresponsables las actuaciones que se están dando por parte del Gobierno vasco ante esta deslocalización, puesto que más que actuar con responsabilidad contra la destrucción del tejido productivo que quiere llegar acabo Incoesa, mira para otro lado".

En el caso de este último informe, temen que pueda tratarse de "un acuerdo tácito entre Gobierno vasco y la dirección de la empresa para dar la espalda a los trabajadores".

Por ello, han vuelto a exigir a las instituciones que "actúen contra esta deslocalización, y que no se abandone el objetivo de defender el tejido industrial de nuestro pueblo y se mantenga abierta la planta de Bedia".