Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, quiere que el subdirector de la RTVA, Joaquín Durán, se pronuncie en el Parlamento sobre la investigación judicial abierta por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, sobre el posible uso inadecuado de las transferencias de financiación en la agencia pública empresarial.

Así lo solicita la diputada de IULV-CA Rosalía Martín en una pregunta con ruego de respuesta oral en la Comisión de Control de la RTVA dirigida a Durán y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Martín solicita en concreto a Durán que aclare "qué hay de cierto en las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en estos últimos días, en las que parece ser que la RTVA está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, y cómo se está procediendo al respecto".

El juez de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha abierto nueve causas para investigar si se hizo un uso inadecuado de las transferencias de financiación en nueve agencias y empresas públicas dependientes de la Junta para "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución" carentes supuestamente de "fiscalización previa" pese a tratarse este último de un requisito "exigible".

Además de la RTVA, el magistrado instructor ha decidido abrir otras ocho causas sobre la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Giasa) y la Empresa Pública de Turismo Andaluz (Turasa).

El juez, siguiendo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, quiere indagar si se ha hecho un "análisis diferenciado en cada empresa pública del expediente administrativo de transferencia de financiación para operaciones de encargo de ejecución, subvenciones excepcionales u otros" en orden "a esclarecer en cada una de las diligencias previas que se incoen si existe un ilícito penal constitutivo de un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos".