La secretaria de Juventud de CCOO-A, Nuria Martínez Barco, ha rechazado el anteproyecto de ley para reforma la Ley de Mutuas planteado por el Gobierno central, que supone "otra reforma más de ataque a la clase trabajadora".

Martínez Barco lamenta que "además de la situación de crisis, las numerosas reformas injustas, los recortes económicos y de derechos a la ciudadanía, la discriminación del Gobierno central al pueblo andaluz con las políticas activas, planes de empleo y restricciones presupuestarias y además el momento actual que se está viviendo en los centros de trabajo, con importantes presiones por la parte empresarial, ahora le sumamos este último ataque a la clase trabajadora, porque atenta directamente a la salud de los trabajadores".

Frente a los argumentos que el Gobierno alude para aprobarla, CCOO considera que estos son "rebatibles", de forma que "frente al absentismo laboral, las estadísticas nos indican que se está dando el fenómeno contrario, el 'presentismo laboral', donde la gente va a trabajar aun estando enferma por el miedo a las represalias y posible pérdida del puesto de trabajo".

Además, rechaza que exista debilidad económica del sector de las mutuas, ni problemas de financiación, "porque el mercado mutual lo componen 20 mutuas, y sus resultados se publican en el BOE, el último en marzo de este año con las cuentas de 2011 y solamente cuatro de ellas presentas ligeras pérdidas finales".

Por ello, CCOO, que deja claro que no se opone a las reformas "siempre que vayan encaminadas a la mejora de las prestaciones y no a la obtención de beneficios económicos a costa de una baja cobertura en las prestaciones", cree, no obstante, que estas reformas pretenden "dar una vuelta de tuerca más a la clase trabajadora, dándole más poder a las empresas sobre los trabajadores a través de sus mutuas, porque las mutuas son asociaciones empresariales de carácter privado, aunque sin ánimo de lucro y sometidas a control del Gobierno, pero indudablemente tienen intereses económicos de parte".

A su juicio, con estas reformas, el Gobierno central "una vez se pliega a los intereses de las empresas, de las mutuas, y habilita un nuevo procedimiento por el cual en los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común, la mutua en su caso puede solicitar el alta médica del trabajador a las Unidades de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, que trasladarán dicha solicitud al médico de familia, de forma que si no se responde motivadamente en 5 días a tal petición se produce el alta 'de facto'".

Para CCOO, "esto es una auténtica barbaridad puesto que supone atribuir a las mutuas unas competencias que son propias del sistema público de salud, además sin derivarse responsabilidades de este hecho ya que el alta la sigue emitiendo la administración sanitaria por silencio administrativo y la persona trabajadora debe incorporarse al puesto de trabajo inmediatamente, siendo motivo de causa de despido el incumplimiento de esta obligación".

El sindicato rechaza "frontalmente" este proceso exigiendo al Gobierno de Rajoy que "elimine este procedimiento", exige que se dote a las mutuas de "una normativa que clarifique competencias, límites, facultades y derechos"; además de que la misma "sea consecuencia del diálogo social y el acuerdo siendo además ésta una asignatura pendiente comprometida en la normativa".

CCOO Andalucía lleva desde hace dos meses haciendo una campaña informativa en los centros de trabajo para informar sobre las pretensiones del Gobierno central, y ve "incomprensible" que la Junta no se haya manifestado públicamente en contra de este procedimiento, porque éste "supone atribuir a las mutuas unas competencias que son propias del sistema andaluz de salud", por lo que cree que el Gobierno andaluz "debería garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud que se le encomendó en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que supone un ataque sin precedentes a los trabajadores andaluces".