IU "va a dar la batalla" frente a una reforma de la ley del aborto del Gobierno de España (PP) que ha visto aprobado este viernes su anteproyecto en Consejo de Ministros y que es una "involución" y supone volver "al tiempo de las cavernas".

"Desde luego no nos van a llevar al tiempo de las cavernas con un derechos y libertados que solo competen a la mujer", ha advertido en Torrelavega el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien ha censurado que se inicie este reforma cuando, a su juicio, la interrupción voluntaria del embarazo en los términos que prevé la actual legislación está "asumida" por la sociedad "con normalidad".

Según Cayo Lara, frente a la actual legislación se erige una reforma del aborto que el PP pretende llevar a cabo "presionado" por los "sectores más conservadores" y "retrógrados" de la sociedad y por la jerarquía religiosa "más dura" y que legisla "contra" el derecho de las mujeres a decidir "sobre su cuerpo" y "su vida".

Antes de conocer que el anteproyecto de la Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada había sido aprobado por el Consejo de Ministros, Lara ha advertido que llevar a cabo esta reforma sería "un paso atrás impresionante". "Esperamos que lo podamos parar", ha dicho Lara, quien no ha aceptado la justificación del PP de que debe llevarla a cabo por estar en su programa electoral y ha señalado que lo que incluía en él sobre este asunto era una "ambigüedad".

"A ver si va a resultar que el Partido Popular lo único que va a cumplir del programa que tiene es el tema del aborto cuando no está cumpliendo ninguno de los compromisos y promesas que hizo con los ciudadanos en la propia campaña electoral y después", ha aseverado Lara.

El anteproyecto

Según los detalles aportados este viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada establece dos supuestos de despenalización del aborto: que sea "necesario" por existir "grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer" durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea resultado de un delito contra su libertad o su indemnidad sexual, siempre que se produzca en las doce primeras semanas y el hecho haya sido denunciado.

En ambos supuestos habrá determinadas condiciones: que el aborto sea "necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma" y que no hacerlo vaya a suponer "un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero" para la salud "tanto física como psíquica" de la mujer.

Además, será condición "que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías con un informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la salud o la vida de la mujer" y que deberán ser distintos de aquel que practique el aborto y no trabajar en el centro médico donde se vaya a producir. Ante peligro vital para la mujer en caso de urgencia, no será necesario este informe.

Superadas las 22 semanas de gestación "lo adecuado será la práctica de un parto inducido" salvo en dos excepciones: cuando existan anomalías incompatibles con la vida del feto que "no se hubieran detectado antes con un diagnóstico certero" o exista riesgo vital para la mujer "y no sea posible dentro de la clínicamente exigible la protección de la vida del concebido".

En cuanto a la existencia de problemas fetales, y en caso de que "exista riesgo psíquico para la mujer" por la existencia de anomalías fetales "incompatibles con la vida", se podrá practicar el aborto y para ello se requerirán dos informes: uno sobre el riesgo de daño para ella y otro sobre el estado del feto, en el que "quede probada" dicha incompatibilidad, conforme los cánones del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia al respecto.

De este modo, "será el hecho de que esa anomalía cause un daño psíquico de la mujer lo que le lleve a la despenalización" y no la circunstancia de que el embrión tenga problemas.

La reforma planteada por el Gobierno, que tras el visto bueno del Consejo de Ministros iniciará su tramitación parlamentaria, elimina la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años se practiquen un aborto sin consentimiento de sus padres y se reforma el sistema de consentimiento informado, de modo que las mujeres tendrán que someterse tras recibirlo, a un periodo de siete días de reflexión (el actual es de tres).

Además, se establece que cualquier profesional que intervenga en el aborto podrá acogerse a la misma "hasta el último momento" para "abstenerse" de participar en la intervención.