En una ampliación de atestado previa a ésta, los agentes ya pusieron de manifiesto que "en base a lo actuado hasta el momento podrían existir responsabilidades penales por parte de los patronos de la fundación que ejercieron ese cargo durante los años 2008, 2009, 2010 y parte del 2011". Entre los patronos en las fechas aludidas, se encontraban el exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, en representación del Ayuntamiento hispalense, y varios concejales de este partido, como por ejemplo Emilio Carrillo o Alfonso Mir.

En esta tercera ampliación de las diligencias entregada al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, de 117 páginas y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado pone de manifiesto que la fundación se financiaba "prácticamente" en su totalidad con dinero público por dos vías "esenciales", como son las aportaciones de los cinco patronos natos, empresas públicas municipales que entregaron a la fundación más de 3,5 millones, y las subvenciones nominativas del Ayuntamiento, por importe de 2,5 millones.

No obstante lo anterior, los agentes desvelan que en el marco de la investigación "han aflorado" subvenciones de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta de Andalucía "que no habían sido reseñadas hasta el momento" y que no han sido analizadas, como por ejemplo una factura que hace referencia al pago de 3.424 euros por un cocktail para 80 personas en los Reales Alcázares, señalando que "la utilización innecesaria" de la empleada de una agencia de viajes como intermediaria para contratar los servicios del catering "lo único que hacía era encarecer el producto en detrimento de la eficacia del dinero público".

Partida de 887.000

Euros de urbanismo

También cita el pago de 8.500 euros para un viaje a Cuba de 13 personas del grupo 'Hombre Muerto' a fin de participar en la XV Fiesta de la Cultura Iberoamericana, señalando que el "cantante y director" de la agrupación es Mario Copete, quien "está vinculado familiarmente con Manuel Copete, quien fuera miembro de la comisión ejecutiva de la fundación", mientras que también alude a una partida de 887.000 euros destinada por la Gerencia de Urbanismo "para transferencias corrientes a favor" de la fundación.

"Junto con estas fuentes de financiación", continúa la Guardia Civil, "hubo unas aportaciones insignificantes provenientes, al parecer, de los cursos que la fundación gestionaba para trabajadores de las empresas públicas que constituían el Patronato", según publican 'ABC' y 'La Razón'.

Asimismo, critica que la gestión patrimonial de la fundación durante el periodo investigado "fue extremadamente deficiente", lo cual "no fue causado por falta de medios humanos o materiales, ni tampoco por ausencia de pericia profesional de las personas encargadas de su gestión o del control de ésta; no olvidemos que los patronos eran personas que tenían a su cargo la gestión de empresas públicas con mayor complejidad que la fundación".

"estrategia para dificultar" el análisis del destino del dinero

Por ello, considera que "detrás de la gestión contable de la fundación tan difícil de verificar, lo que había era una estrategia para dificultar a cualquier observador externo la aplicación y destino que se le daba al dinero que recibía la fundación", una dificultad "que se veía acentuada desde el momento que todas y cada una de las delegaciones del Ayuntamiento que tramitaban los expedientes de subvención estaban en absoluta consonancia política con las personas que gestionaban la fundación —gerente y responsables de comisión ejecutiva—".

De este modo, la fundación "se constituyó en la herramienta fundamental para esos desvíos de dinero, porque una vez era receptora de las partidas dimanantes del Ayuntamiento u otras instituciones, estaba fuera de la fiscalización directa, siendo los gestores y por consiguiente administradores del dinero que recibía ese colectivo, el cual gravitaba en torno a un determinado partido político, en el caso que nos ocupa IU, no olvidando que las cantidades que se manejaban eran por encima de seis millones".

La Guardia Civil concluye que la fundación "fue creada con una estructura claramente jerarquizada, existiendo unos objetivos comunes, con una gran cohesión entre sus miembros determinada por el mismo componente ideológico", a lo que se suma que "se estima que la fundación no fue constituida fortuitamente, sino con el objetivo, desde el inicio, de conseguir el desvío de dinero público hacia fines para los que no estaban autorizados".

En esta causa permanecen imputados el exprimer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos; Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato, y el exdirector gerente de la fundación Miguel López Adán.

Sobre Torrijos, los agentes señalan que "no puede negar que estaba al tanto de todo, incluso manteniendo reuniones con el interventor donde trataba los problemas que surgían con el pago de las subvenciones y siendo protagonista, de una forma u otra, en los tres lugares —Patronato, Delegación de Relaciones Institucionales y Junta de Gobierno Local— donde se decidían subvenciones para la fundación, desde la solicitud inicial hasta su aprobación definitiva".