CiU y ERC rechazaron este jueves en el Parlament la propuesta del PSC de utilizar el impuesto de patrimonio para restituir la paga extra a los funcionarios. El resto de grupos de la oposición votaron a favor. El Govern ve "del todo improbable" poder recuperar esta paga en 2014.

Los socialistas introdujeron a última hora una enmienda a una moción de Ciutadans sobre la suspensión de organismos públicos en la que instaban al Govern a asumir el pago de la catorceava paga a los trabajadores públicos en 2014 dado que el Consell de Política Fiscal i Financera ha acordado la garantía de que la Generalitat dispondrá íntegramente de los rendimientos del impuesto de patrimonio, que deberían suponer un incremento neto de recaudación de 244 MEUR en el año 2013.

Por su parte, el conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, consideró una "muy mala noticia" que no se compense a la Generalitat por el impuesto a la banca, que finalmente recaudará el Estado.

Mas-Colell dijo que "se hace difícil e incluso del todo improbable" que, en estas condiciones, el Govern restituya la paga extra a los funcionarios catalanes.

El conseller confirmó que "no llegarán recursos nuevos" por el impuesto de Patrimonio, dado que los ingresos ya estaban presupuestados. "Ayer el ministro Montoro volvió a vender humo por quinta vez", ironizó Mas-Colell.

Desde el sindicato CC.OO., Jesús González, argumentó que "es una barbaridad lo que hace el Gobierno central", al no ceder a Cataluña la recaudación del impuesto sobre la banca, pero cargó también contra la Generalitat al considerar que  "tiene instrumentos" para restituir la paga extra a los trabajadores públicos.

González recordó que, desde 2010, los funcionarios catalanes han sufrido recortes continuos, lo que ha supuesto una caída del 30% de su poder adquisitivo.

Por otra parte, la Generalitat prevé reducir en un 45% los inmuebles dedicados a oficinas, la mayor parte de ellas ubicadas en el centro de Barcelona. Con la reorganización y concentración de departamentos en sedes emblemáticas o con un alquiler más económico, se espera ahorrar un 20% en alquileres y que los costes indirectos se reduzcan, también, un 50%, además de acumular un 30% de gasto energético menos.

Actualmente, la Generalitat cuenta con 125 sedes en Barcelona ciudad, lo que asciende a unos 30 millones de euros anuales en alquileres.

Por otra parte, y en referencia al bloqueo que supone el recurso del PPC a los Presupuestos de la Generalitat, el conseller Mas-Colell apuntó este jueves que puede suponer una pérdida de entre 10 y 15 millones de euros para Catalunya.