El PSOE dice de que las medidas de liquidez pedidas al Gobierno conllevan obligaciones que suponen "intervención"

El PSOE de Jaén ha afirmado este miércoles de que las medidas para obtener una mayor liquidez solicitadas al Gobierno por el Ayuntamiento de la capital conllevan, en caso de lograr el visto bueno, como esperan, la "obligatoriedad" de aplicar condiciones que se traducen en la "intervención" por parte del Ministerio de Hacienda, de modo que, por ejemplo, deberá emitir un "informe previo y vinculante" antes de la aprobación de los presupuestos municipales.
Rodríguez Cohard, junto a Calahorro, en la rueda de prensa.
Rodríguez Cohard, junto a Calahorro, en la rueda de prensa.
EUROPA PRESS
Rodríguez Cohard, junto a Calahorro, en la rueda de prensa.

El PSOE de Jaén ha afirmado este miércoles de que las medidas para obtener una mayor liquidez solicitadas al Gobierno por el Ayuntamiento de la capital conllevan, en caso de lograr el visto bueno, como esperan, la "obligatoriedad" de aplicar condiciones que se traducen en la "intervención" por parte del Ministerio de Hacienda, de modo que, por ejemplo, deberá emitir un "informe previo y vinculante" antes de la aprobación de los presupuestos municipales.

En rueda de prensa, el presidente del partido en la capital, Fernando Calahorro, y el concejal socialista Juan Carlos Rodríguez Cohard han abordado la situación financiera del Consistorio con un plan de ajuste vinculado al plan de pago a proveedores que, según han incidido, no se está cumpliendo y que con la firma del último préstamo supone pagar "sólo en intereses un millón de euros al mes".

Se trata de una "cifra inabordable", según el edil, quien ha añadido que el problema es el "déficit estructural", de modo que el Ayuntamiento ha sido "incapaz de financiar su estructura de gasto" cuando había ingresos suficientes y menos todavía en un contexto como el actual. La situación "se agravó" entre 2007 y 2011, pero "aún ahora aún más", por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a pedir medidas extraordinarias de liquidez recogidas en el Decreto 8/2013 y otras al margen de esta normativa.

Entre ellas, ha citado la ampliación del plazo de pago del plan de pago a proveedores, cuotas crecientes de amortización de capital, la suspensión por un año, en 2014, de la retención actual del 50 por ciento de la PIE para pagar los intereses de los dos primeros planes y bajarla después al 25 por ciento así como aumentar en dos años el periodo de carencia para empezar a abonar capital. Además, ha planteado otras posibilidades como anticipos a cuenta de la PIE, fraccionamiento a diez años de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda o el pago de la deuda a corto plazo a largo plazo.

Al hilo, Rodríguez Cohard ha aludido a la opinión del interventor expresada en un informe en el que sostiene que esas medidas suponen "el debilitamiento y la alienación de la garantía institucional de la autonomía local consagrada en la Constitución" así como la "translación de los efectos a mandatos posteriores que resultarán comprometidos".

En este sentido, ha apuntado que esa liquidez a la que se pueden acoger ayuntamientos con especiales dificultades se traduce en "condiciones", publicas igualmente en el BOE. Entre otras, se ha referido a la disminución "en al menos el cinco por ciento" en el gasto de los capítulos de personal y gasto corriente, que las ordenanzas fiscales "deben ir al tipo máximo" y la eliminación en ellas de cualquier gravamen reducido; la exigencia de que los importes recibidos vayan a una cuenta restringida y que el gasto sea autorizado por el Ministerio que, además, emitirá "un informe previo y vinculante" para la aprobación de los presupuestos municipales, de manera que "descarga" esa responsabilidad del pleno.

GRADOS

"A eso se le llama intervención", ha destacado Calahorro centrándose especialmente en esta última contrapartida, más allá de que si no se cumplen las exigencias del Gobierno el decreto también contempla la anulación de esos beneficios financieros y la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, que implicaría una mayor intervención, primero por la Junta, y en último extremo, del Estado. "Se va la Corporación", ha agregado en este caso el concejal.

Así las cosas y dado que, según han añadido, el Ejecutivo central debe contestar antes de final de año si aprueba las peticiones del Ayuntamiento, algo que han dicho esperar, los socialistas han querido dejar claro que "tienen una segunda cara" que seguramente los responsables municipales "no contarán" al "vender" que se ha conseguido liquidez.

"La solicitud de medidas de liquidez lleva aparejada una obligatoriedad en la aplicación de medidas", ha recalcado Rodríguez Cohard, para el que, de obtener el visto bueno, "las nóminas dejarían de estar en peligro por ahora", punto en el que su compañero ha considerado que sería el "colmo" que no fuera así con el esfuerzo que conlleva acogerse a ellas. En cuanto a la viabilidad futura del Ayuntamiento, el edil ha matizado que "dependerá del proceso de ajuste que se haga".

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