La magistrada que investiga la compra del ático de lujo del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha imputado a Lourdes Cavero, esposa del presidente regional, por presunto blanqueo y por otro supuesto delito fiscal, según un auto citado por El País, El Mundo e infoLibre.

La jueza de instrucción del juzgado número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, también sugiere en el auto que Ignacio González también podría ser imputado por esta causa y cede el testigo a la Audiencia Nacional para que continúe con la investigación.

Entre 2008 y 2012, el ático de 496 metros cuadrados pertenecía a la sociedad Coast Investors, ubicado en Estepona (Málaga) y aun paso de la localidad vecina de Marbella. Coast Investors tiene sede en el paraíso fiscal de Delaware y controlada por el abogado Rudy Valner, que se define a sí mismo como testaferro profesional. Durante esos cinco años, el matrimonio utilizó la vivienda en régimen de alquiler y a nombre de Lourdes Cavero. El 18 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la compra por 770.000 euros, según indicó el propio Ignacio González.

El precio de mercado de los áticos de estas características puede superar el millón de euros, una cifra muy superior a la que González dice que abonó. También sostenía que pagaba un alquiler de 2.000 euros, cuando el arrendamiento de viviendas como esta puede alcanzar los 6.000 euros.

La causa se inició con una denuncia del Sindicato Unificado de Policía, que aseguraba que González era propietario del ático de lujo, que cuenta con tres habitaciones, tres baños, piscina privada y vistas al mar, a través de sociedades interpuestas y que se trataría de un regalo de la trama Gürtel.

Estas acusaciones se apoyan en el hecho de que González compró el piso a Coast Investors a través del 'testaferro profesional' Rudy Valner. Valner, a su vez, compró este piso a Javier Villate, un promotor inmobiliario que tiene cuentas gestionadas por Coast Investors.

Un testigo del 'caso Gürtel', afirmó ante el juez que Ignacio González fue mediador para que la constructora Martinsa consiguiese unas parcelas en Arganda que posteriormente se vendieron con grandes beneficios. Según el SUP, el ático de Ignacio Gonzalez y Lourdes Cavero se habría comprado con supuestas comisiones derivadas de esta operación.

El mismo auto asegura que "se puede correr el riesgo" de producirse "indefensión" de Cavero y González ante las informaciones producidas por los medios de comunicación, pero también apunta a la dificultad de imputar a Ignacio González debido a su condición de aforado por ostentar la condición de presidente de la Comunidad de Madrid.