La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha presentado este martes a los responsables de los ayuntamientos el Pacto Andaluz por la Accesibilidad con el objetivo de que se adhieran a esta estrategia que persigue convertir a los municipios almerienses en entornos más accesibles para las personas con discapacidad, que en el caso de Almería superan los 43.200 ciudadanos, según el reconocimiento oficial.

El director general de Personas con Discapacidad de Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Gonzalo Rivas; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer; y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Alfredo Valdivia, han mantenido un encuentro con los representantes de los municipios de Almería para promover su adhesión a esta iniciativa, cuyo cumplimiento viene recogido en el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota, actualmente en la provincia hay un total de 43.244 personas que tienen reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, límite que marca la ley a partir del cual se determina esta consideración. De ellos, 18.180 son hombres y 25.064 mujeres. Por edades, el grupo más numeroso se sitúa entre los 35 y los 64 años —15.950 personas—, seguido de los mayores de 80 años —11.819 personas— y quienes tienen entre 65 y 79 años —10.794 personas—.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha destacado que "el Pacto por la Accesibilidad expresa la voluntad del Gobierno andaluz para mejorar la calidad de vida y la integración de las personas con discapacidad". Ferrer ha recordado que "el compromiso mutuo y la colaboración entre administraciones son imprescindibles para hacer realidad proyectos como éste, ya que los ayuntamientos como administraciones más cercanas al ciudadano son claves para convertir los municipios en entornos más accesibles".

Además de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el pacto ha sido ya suscrito por las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y de Fomento y Vivienda, junto con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía), los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los colegios oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

En el documento, los firmantes manifiestan la necesidad de conseguir una Andalucía más accesible e incrementar el nivel de autonomía de la población, algo que no sólo beneficia a las personas con discapacidad, sino al conjunto de la población a la vez que supone un valor añadido de calidad de vida en las ciudades y de potencial económico de los bienes, productos y servicios.

Las políticas de promoción de la accesibilidad universal recogidas en el pacto vienen a dar respuesta a los resultados de la 'Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia' elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Dicho estudio refleja que más de la mitad de las personas con discapacidad tienen barreras en sus lugares de vivienda y edificios, en las vías públicas, tales como subir o bajar de la acera, cruzar la calle, mobiliario e identificar calles, cruces o señales; y en el transporte público y privado.