La Junta de Andalucía destinará 150 millones de euros a un programa urgente de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales que persigue hacer frente a los graves efectos de la crisis económica sobre este sector, especialmente vulnerable a la generalizada y persistente reducción de los créditos para actividades productivas.

Esta nueva inyección financiera, que se articulará a través de convocatorias de préstamos blandos a largo plazo y en régimen de concurrencia competitiva, es la principal iniciativa que establece el Decreto ley de ayudas financieras para las pymes industriales y para las producciones agrarias afectadas por adversidades naturales, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno y anunciado en rueda de prensa por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Según la Junta, la norma, que también incluye ampliaciones de los plazos del Bono de Empleo Joven y de las ayudas al trabajo autónomo, adopta la fórmula del Decreto ley por las situaciones de urgente necesidad que la motivan.

En relación con las pymes industriales, entre los datos que avalan la necesidad de una actuación rápida, destaca la mayor incidencia de la crisis sobre el sector industrial andaluz, con una reducción del 19,6 por ciento en su tejido empresarial, y la persistencia de la caída del crédito a las actividades productivas en España, donde tan sólo el 40 por ciento de las pymes consiguen actualmente los préstamos que solicitan.

Para paliar estas dificultades de financiación, el programa pondrá a disposición de las pymes industriales andaluzas créditos blandos a largo plazo y a interés inferior a los precios de mercado por un valor total de 150 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

58

Millones para la primera convocatoria

La primera convocatoria, que se incluye en el propio Decreto ley, está dotada de una cuantía máxima de 58 millones de euros para el ejercicio 2014. El plazo de presentación de las solicitudes será de tres meses a partir de la entrada en vigor de la norma. Las siguientes convocatorias se realizarán a través de órdenes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

El programa va dirigido a pymes del sector industrial con domicilio social y fiscal en Andalucía, forma jurídica de sociedad mercantil o cooperativa, una plantilla igual o inferior a 50 trabajadores y al menos cuatro años de actividad continuada, entre otros requisitos.

Los préstamos se vincularán a planes de negocio que las empresas deberán definir de acuerdo con sus actividades y capacidades financieras, comerciales y tecnológicas. No podrán superar los 200.000 euros y deberán aportar una ampliación de capital de al menos el 25 por ciento del total del crédito. Tampoco serán superiores al 25 por ciento de los recursos propios de la sociedad en el momento de su solicitud. Los plazos se establecen en cinco o siete años.

Criterios de valoración

Las convocatorias se tramitarán y resolverán en régimen de concurrencia competitiva, es decir, a partir de la comparación entre las solicitudes presentadas y la jerarquización de las mismas en función de los criterios de valoración. Estos se dividen en tres bloques: características del plan de negocio, responsabilidad social corporativa y solvencia de la empresa solicitante.

En relación con el plan de negocio, se priorizan los sectores considerados preferentes, como el aeroespacial, el agroindustrial, el biotecnológico, el energético y el medioambiental, así como las empresas ubicadas en espacios tecnológicos.

En materia de responsabilidad social, se valorará adicionalmente la inclusión de planes específicos de igualdad entre hombres y mujeres y de conciliación de la vida laboral y familiar, así como la localización de las inversiones en municipios de baja actividad económica. También se puntuará a las empresas que superen el 5 por ciento de personal con discapacidad y a las que tengan más del 10 por ciento del capital social repartido entre más del 20 por ciento de la plantilla.

Los planes de negocio pueden incluir, entre otros capítulos, adquisición de terrenos; acometidas de servicios; obras de urbanización y construcción de naves; dotación de bienes de equipo y de instalaciones y programas informáticos; trabajos de planificación, ingeniería y dirección facultativa, y adquisición de patentes y licencias de explotación.

Los préstamos serán compatibles con otros recursos financieros para la mismas finalidades que procedan de administraciones y entes privados, tanto nacionales como de la Unión Europea y de otros organismos internacionales, siempre y cuando el importe de los mismos no supere los costes de los proyectos incentivados.

Bono joven y ayudas a autónomos

Junto con el programa de ayuda a las pymes, el Decreto ley incluye sendas ampliaciones de plazos referidas a los programas del Bono de Empleo Joven y de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo. En el primer caso, se amplía hasta el 31 de marzo de 2014 el periodo para la formalización de los contratos previstos en el programa. Además, se establece que el beneficiario del bono conservará el derecho a la prestación durante tres meses en caso de que se extinga la primera relación contractual si encuentra otro empleo.

El Bono de Empleo Joven, que cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros en el periodo 2013-2014 y una previsión de 3.700 beneficiarios, se dirige a titulados universitarios, de Formación Profesional de grado medio o superior y graduados en Educación Secundaria Obligatoria procedentes del Programa Segunda Oportunidad Educativa. Se trata de una ayuda de 4.800 euros para menores de 35 años, distribuida en 12 mensualidades de 400 euros, que se hace efectiva cuando se rubrica un contrato laboral por un año a jornada completa.

En cuanto al Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo, el Decreto ley extiende hasta todo el año 2014 la vigencia de su línea de incentivos para el fomento de la innovación en el trabajo autónomo, con el fin de poder atender el elevado volumen de solicitudes recibidas. Esta medida incluye tres tipos de ayudas: 2.000 euros para el establecimiento del proyecto, hasta 8.000 para su desarrollo y 3.000 euros por cada contratación indefinida a jornada completa (hasta un máximo de tres) que realice el empleador autónomo.

Por otra parte, el Decreto ley recoge también una modificación normativa para que las dos vocalías del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía dejen de tener la consideración de altos cargos y las de exclusividad y dedicación absoluta.