El senador socialista por la Comunidad Autónoma Vasca Tontxu Rodríguez ha criticado el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y ha subrayado que, con esta ley, el Gobierno "condena a la desaparición a 3.700 entidades locales menores, despoja de competencias en servicios básicos a 7.000 ayuntamientos para privatizar servicios y beneficiar a empresas y hacer pagar más a los ciudadanos por servicios peores y más caros".

Además, ha anunciado que el PSOE llevará la ley al Tribunal Constitucional "junto con, por lo menos, 1.159 ayuntamientos de este país" y ha asegurado que "no queremos volver al caciquismo y al provincianismo, esta vez privatizado".

El senador vasco ha destacado que se trata de "un nuevo recorte" del Ejecutivo del PP y "un ataque frontal a los gobiernos locales" y ha advertido de que esta nueva reforma "no clarifica competencias, ni evita duplicidades, no simplifica la estructura administrativa ni ahorra dinero, pero abre la puerta al sector privado y a la gestión de los servicios públicos de empresas privadas".

De esta forma, ha denunciado, "pierden los ayuntamientos, los ciudadanos, los municipios y el mundo rural pero, sobre todo, pierde el Estado del Bienestar porque desmantela los servicios sociales".

También ha insistido en que para los ayuntamientos vascos "no va a ser una buena ley porque el sistema de gobierno local en Euskadi adquirirá fuertes tintes forales y salvará a las diputaciones con sus singularidades, pero provocará diferencias en los tres territorios teniendo en cuenta los tres partidos distintos que gobiernan en las tres diputaciones". "Además, será absolutamente insolidario con el resto de los ayuntamientos de España", ha dicho.

Asimismo, el senador del PSOE ha rechazado que la redacción de la ley responda a "una necesidad de ahorro" y ha manifestado que "el PP sólo quiere recortar y cerrar servicios locales". En este sentido, ha señalado que los dirigentes populares "se han dado cuenta de que en mayo de 2015 hay elecciones municipales y, teniendo en cuenta lo impopulares que son muchas de las propuestas de la ley, han decidido aplazar las aplicaciones de la reforma para después de los comicios para que los votantes no les castiguen en las urnas".

"Sean valientes y, si creen que su ley es buena, aplíquenla en su totalidad a partir del 1 de enero. No lo van a hacer porque saben que están desmantelando los ayuntamientos", ha instado al PP.

Rodríguez ha indicado que la ley "deja a alcaldes y concejales sin capacidad de decisión, como meros títeres" y les ponen "a los pies de los caballos", porque "les señalan como los verdaderos responsables de la crisis, del déficit y de la corrupción".

"Los ayuntamientos no derrochan. Los alcaldes y concejales no deben ser los chivos expiatorios porque el 85% de los concejales no cobran, son voluntarios y voluntad", ha manifestado, para advertir de que, "de los 8.116 ayuntamientos, sólo 402 tienen problemas económicos, solo un 5% de la deuda del Estado la tienen los ayuntamientos y, por cierto, un tercio es de Madrid".

Rodríguez ha mostrado su indignación por la política del PP de "atacar y desmantelar a los ayuntamientos" y ha insistido en que se trata de "una chapuza de ley, cuyo objetivo es acabar con el Estado del Bienestar con un componente ideológico muy sesgado, antiguo, autoritario y antisocial".

Por todo ello, Rodríguez ha reclamado que se retire este "proyecto inconstitucional, torpe e inaplicable" y ha advertido de que los miembros del Gobierno Rajoy "pasarán a la historia como los destructores del mundo local y de la cohesión social y territorial de España".

"Se trata de una imposición más de su mayoría absoluta. La autonomía local se verá reducida y sometida bajo criterios puramente economicistas y nepotistas a la tutela preventiva del Estado", ha concluido.