El Gobierno de Canarias acordó en Consejo de Gobierno mandatar a sus Servicios Jurídicos para ejercer acciones judiciales ante el Tribunal Supremo (TS) contra la desestimación por silencio administrativo de la petición formulada el pasado mes de agosto al Gobierno de España, de desclasificación del puerto de Los Cristianos (Tenerife) como de Interés General del Estado.

De esta manera, la Administración regional explicó que se pretende aplicar esta medida, teniendo en cuenta que han transcurrido más de tres meses desde la fecha de la presentación de la mencionada petición sin que se haya obtenido respuesta alguna, por lo que aquélla debe entenderse desestimada por silencio administrativo.

Por ello, el Gobierno autónomo autoriza a la Dirección General del Servicio Jurídico el ejercicio de estas acciones en su nombre, facultando a dicho centro directivo para solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren los intereses de Canarias.

Las razones esgrimidas a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, para la desclasificación del Puerto de Los Cristianos son, entre otras, que el Puerto de Los Cristianos no tiene relevancia comercial portuaria para ser considerado como puerto de interés general.

Además, no se realizan en él actividades comerciales internacionales; su zona de influencia comercial no afecta a más de una comunidad autónoma; y su volumen anual y las características de sus actividades comerciales están muy lejos de ser relevantes para la actividad económica general del Estado y, desde luego, no responden a necesidades esenciales del Estado.

Por su parte, tampoco sirve a industrias estratégicas para la economía nacional; no constituye un elemento esencial para la seguridad del tráfico marítimo; y sólo se realizan en el puerto actividades vinculadas al ocio y a la actividad turística (dársena náutico-deportiva y tráfico de pasajeros turísticos), que encajan en las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias.

El estatuto de autonomía atribuye a canaria la competencia en puertos

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de puertos, que no tengan la calificación de interés general por el Estado y, en todo caso, los puertos pesqueros y de refugio, así como los puertos deportivos.

También le atribuye la competencia exclusiva sobre el transporte marítimo que se lleve a cabo entre distintos puertos o puntos del Archipiélago.

Mientras, el Puerto de Los Cristianos, situado a 75 kilómetros del de Santa Cruz de Tenerife, tiene una importancia relevante (más de 1.300.000 pasajeros anuales en transbordo, si bien ha descendido un 20% en los últimos años, ya que llegó a tener más de 1.600.000 pasajeros).

Pero esta relevancia se refiere en esencia al tráfico de pasajeros entre las islas de Tenerife y La Gomera, sin que el tráfico comercial alcance niveles de relevancia, ni mucho menos responda a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado, pues su actividad es exclusivamente interinsular.