El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto juicio oral contra 61 ex socios y asociados en España de la auditora y consultora PricewaterhouseCooper (PwC) por delitos contra las hacienda públicas española y vasca, por los que se enfrentan a penas que oscilan entre 2 y 14 años y diez meses de prisión. Entre los procesados están Carlos Mas, presidente de la filial española, y Máximo Ibañez, directivo responsable de clientes y sectores.

En un auto (ver documento adjunto), el magistrado ha fijado además fianzas conjuntas y solidarias —a pagar en el plazo de 24 horas— tanto a acusados como a empresa de más de 48 millones de euros, en concepto de "responsabilidades pecuniarias" debido al posible quebranto ocasionado al Estado.

Moreno reproduce la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, en la que les acusaba de varios delitos contra la Hacienda Pública estatal y foral vasca: Cuatro delitos contra la Hacienda pública estatal por no haberse retenido adecuadamente el IRPF del ejercicio de 2002 (para cuatro sociedades de PWC) y 56 referidos al impuesto del IRPF de ese año de otros tantos acusados.

Ahora, las defensas disponen de 30 días para presentar su escrito, tras lo cual la causa se elevará al Juzgado Central de lo Penal, órgano competente al tratarse de delitos que no superan los 5 años de prisión. Las penas más elevadas se solicitan para el expresidente de PwC Miguel Fernández de Pinedo; para José María Tajadura Garrido -entonces administrador de solidario de PWC Consulting y responsable de Operaciones en España-; y para César Rodríguez Ramos, que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de la consultora. También se piden multas que, en el caso de los tres anteriores, superan los 102 millones de euros.

Los presuntos delitos que pretende juzgar la Audiencia Nacional son los derivados de la venta de esta última división a IBM. Según Anticorrupción, los socios no declararon a Hacienda -ni a la estatal ni a la foral de Vizcaya- los más de 20,9 millones que cobraron en concepto de bonus en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la venta de IBM.

Los socios, según la instrucción, omitieron en su declaración de IRPF que el importe obtenido fueron rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la que hubiera correspondido. Sin embargo, cuando recibieron los bonus ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, que empezaron en julio de 2002 y culminaron en octubre de ese año, cuando tuvo lugar la venta. A los socios denunciados -españoles, franceses, ingleses, irlandeses y un austríaco- se les imputa un fraude superior a 120.000 euros.

Además, las filiales PwC Auditores S.L., PwC Jurídico y Fiscal S.L., PwC Asesores de Negocios S.L. y PwC Consulting S.L., no practicaron, según el magistrado, las retenciones debidas por IRPF, dejando de ingresar una cantidad global superior a los 9,5 millones. También se imputan otros delitos contra la Hacienda Pública por no declarar en el Impuesto de Sociedades de PwC SL el ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a la operación de venta de PwC Consulting S.L. a IBM Global Services España S.A. Para ello se simuló una operación de reestructuración con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley del Impuesto de Sociedades, cuando en realidad se procedió a la venta de la empresa. La cuota defraudada asciende a 18,3 millones por el Impuesto de Sociedades de PwC SL.

La compañía auditora ha emitido un comunicado en el que considera que la apertura del juicio oral "permitirá demostrar que todas las actuaciones llevadas a cabo en dicha reordenación cumplieron escrupulosamente con la normativa vigente y respondieron a una operación mercantil real, transparente y legal".

Durante la instrucción del caso, en opinión de PwC, "no se han valorado las razones, pruebas periciales y multitud de documentación pública y privada presentadas", lamenta la multinacional, por lo que está segura de que "las acusaciones contra los 61 socios carecen de rigor, no cuentan con precedentes en el ordenamiento jurídico de nuestro país y representan un caso flagrante de indefensión jurídica".

En su opinión, la reestructuración abordada por PwC se decidió en 1999, si bien no se materializó hasta 2002. Entre otras medidas, conllevó la escisión de la rama de consultoría de implantación de sistemas en la compañía PwC Consulting. "Fue una operación mercantil incuestionable que se realizó por razones financieras, tecnológicas y de independencia", explican en el comunicado.